El fiscal acusa a Garzón de crear "una inquisición" en su causa sobre la Memoria

Duro golpe de la fiscalía de la Audiencia Nacional contra el juez Baltasar Garzón en el caso sobre la Memoria Histórica. El fiscal jefe de ese tribunal, Javier Zaragoza, acusa al magistrado de haber creado "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española".

El recurso contra la admisión a trámite de la causa contra el franquismo, presentado directamente ante la Sala de lo Penal y no ante el juzgado, considera que los hechos investigados están prescritos y perdonados por la Ley de Amnistía de 1977. Cuestionar la legitimidad de esa ley, como hacía Garzón en su auto, resultaría "un absoluto disparate jurídico", según el fiscal.

El recurso, de 41 páginas, considera que al admitir a trámite el caso, Garzón abre una "causa general" al extender su investigación a todos los asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos desde la sublevación militar de 1936 hasta la posguerra. "La pretensión de conocer todo y de todos en un solo procedimiento quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución", dice el escrito.

Dirigido a la Sala, no a Garzón

El documento se dirige directamente a la Sala de lo Penal y no al propio juez Garzón. El juez transformó las diligencias previas en sumario el pasado viernes, lo que, en principio, obligaba a las partes a presentar recurso de reforma ante él antes de redactar el de apelación ante la Sala. Sin embargo, Zaragoza asegura que su recurso se interpone contra el auto de admisión a trámite y no contra el que transformó la causa en sumario. "El momento a tener en cuenta para establecer el régimen de recursos no es el de la interposición del mismo sino el del dictado de la resolución judicial a recurrir", dice el fiscal, quien asegura que, si no se admitiera el recurso "se contravendrían las reglas de la buena fe procesal".

Además, los hechos investigados, según el escrito, no constituirían delitos de lesa humanidad sino que serían delitos comunes y por lo tanto no sería la Audiencia el órgano competente para enjuiciarlos. No se trataría de detenciones ilegales con desaparición en el marco de crímenes contra la humanidad, ya que, según el escrito "es público y notorio que las víctimas fueron ejecutadas (...) hace casi 60 años". En realidad, prosigue Zaragoza, se trataría de asesinatos que correspondería juzgar "a los diferentes órganos judiciales territoriales de los lugares en los que se hayan cometido tales crímenes".

Pero en lo que el fiscal se muestra especialmente duro es en el hecho de que Garzón no aplicara la Ley de Amnistía aprobada por las primeras Cortes democráticas. "Resultaría un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de origen de esa norma y, lo que es peor, atribuirle el estigma de ley de impunidad", concluye.

El ex fiscal jefe anticorrupción participará en las exhumaciones

Horas después del recurso de Zaragoza, el juez Garzón ha nombrado al ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo y al magistrado jubilado Antonio Doñate como miembros del grupo de expertos que colaborará en las exhumaciones. En el auto en el que se declaró competente para la investigación de esos hechos, Garzón advertía de que ésta será "muy difícil" dado el tiempo transcurrido y estimó necesario que existiera "un grupo de expertos y otro de Policía Judicial con el fin de desarrollar las labores de búsqueda".

El grupo de expertos -formado por cinco personas que serán designadas por las asociaciones denunciantes y dos que nombra el juez- tendrá como misión "estudiar, analizar y valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en un solo informe que incluya el número total de víctimas" entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.

Las asociaciones denunciantes no han facilitado todavía a Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben designar. Se trata del miembro de la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, quien ya participó en las exhumaciones organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y de los historiadores Francisco Espinosa, autor del informe presentado por las asociaciones sobre desaparecidos y coordinador del proyecto Todos los Nombres, patrocinado por el Ministerio de la Presidencia, y Julián Casanova. Éste participó en el libro Víctimas de la Guerra Civil.