_
_
_
_
_

El fiscal no aprecia ninguna "conducta delictiva" en Bono

La fiscalía investigará las posibles injurias al presidente del Congreso

El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, trasladó ayer a la Fiscalía de Madrid la denuncia por injurias presentada el pasado 13 de abril por el presidente del Congreso de los Diputados, José Bono, por informaciones publicadas en medios del grupo Intereconomía en relación con sus ingresos y patrimonio. La fiscalía precisa que la documentación enviada por el PP y otras formaciones no permite atribuir a Bono "conducta delictiva alguna".

Bono presentó ante la fiscalía una denuncia acompañada de diversa documentación justificativa de su patrimonio e ingresos, por estimar falsas y carentes de rigor una serie de informaciones difundidas principalmente por el diario La Gaceta y por otros medios del grupo Intereconomía.

Según fuentes fiscales, la denuncia se ha remitido a la Fiscalía de Madrid por ser esta la competente para llevar a cabo las actuaciones sobre un posible delito de injurias, previsto en el artículo 215 del Código Penal. Dicho artículo prevé la actuación de oficio de la fiscalía "cuando la ofensa se dirija contra funcionario público, autoridad o agente sobre hechos concernientes al ejercicio de sus cargos".

Junto a la denuncia de Bono, el fiscal ha remitido, "para su valoración conjunta", un escrito enviado al Ministerio Público por Rafael Santamaría, explicativo de sus relaciones con la familia Bono. Según las fuentes fiscales consultadas, Santamaría, empresario de Reyal Urbis, reconoce ser amigo de la familia Bono y puntualiza que sólo ha sido adjudicatario de obras en el ámbito municipal y nunca ha obtenido contratos de la Junta de Castilla-La Mancha.

El fiscal del Estado ha remitido, también para su valoración, al fiscal jefe de la Audiencia de Madrid, Eduardo Esteban, los escritos remitidos a la fiscalía por el PP, la Asociación Preeminencia del Derecho y la Liga Española Pro Derechos Humanos, referidos a las publicaciones cuestionadas por Bono.

El PP exigió ayer a la fiscalía que investigue toda la gestión urbanística de Reyal Urbis "a la vista de las nuevas informaciones". El presidente del Congreso instó al PP a "dar la cara" y apuntó, sin citarla, a la número dos del PP y presidenta del partido en Castilla-La Mancha, Dolores de Cospedal, como impulsora de la "campaña de calumnias" en su contra para "tapar sus vergüenzas" porque en su tierra "están con el agua hasta el cuello". IU y ERC defendieron a Bono y acusaron de "hipócrita" al PP, que en su día votó en contra -con el PSOE- de publicar las declaraciones de renta y patrimonio de los parlamentarios.

Lo que más afecta es lo que sucede más cerca. Para no perderte nada, suscríbete.
Suscríbete

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte
_

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_