El fiscal eleva 20 años la pena para el presunto asesino de Tomás y Valiente
Bienzobas reconoció su militancia en ETA y se negó a declarar
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, elevó ayer de 52 a 72 años de cárcel la petición para el etarra Jon Bienzobas, juzgado por el asesinato del ex presidente del Tribunal Constitucional Francisco Tomás y Valiente en su despacho de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma el 14 de febrero de 1996. Once años después, Bienzobas asistió a su juicio en una actitud distante e indiferente, paseando en círculo por el habitáculo blindado de la Sala Antiterrorista. Se negó a declarar, aunque admitió su militancia en ETA.
Descartada la participación de Bienzobas, que no consiguió impresionar al tribunal con la vieja fórmula de no reconocer a ningún juez que pueda juzgarle a él, la vista se centró en el testimonio de los estudiantes que en la mañana de San Valentín de 1996 escucharon tres detonaciones y vieron salir a un sujeto "delgado, moreno, bajo, con gafas y muy delgadito" del despacho universitario de Tomás y Valiente con una pistola humeante en la mano. Bienzobas ya no lleva gafas y salvo por un pendiente en la oreja, la descripción era calcada de la del paseante del habitáculo. Una identificación más meritoria si se tiene en cuenta que el testigo no tenía a la vista al procesado, del que le separaba la cortina que se desliza sobre el cristal antibalas para preservar la identidad de los testigos protegidos.
Lo demás estudiantes coincidieron sobre todo en su delgadez, en el pelo moreno y las gafas. Y en el cañón "humeante" de la pistola que portaba en la mano derecha, mientras se ocultaba la boca y parte del rostro con la izquierda. Los policías que instruyeron las primeras diligencias recordaron que seis personas identificaron al asesino por las fotografías de un álbum, entre más de un centenar de instantáneas de etarras huidos de sus domicilios. Todos señalaron la número 12, la que correspondía a Jon Bienzobas, y varios lo hicieron "sin ningún género de dudas".
El primer testigo, que entonces estudiaba 5º de Derecho, fue de los primeros en entrar al despacho de Tomás y Valiente tras la huida del asesino. "Le vi echado hacia atrás, todavía en la silla, pero en posición casi horizontal. Tenia mucha sangre en el cuerpo y en la cara. En uno de los pómulos tenía un disparo, pero prácticamente no sangraba y su rostro, su semblante, era tranquilo".
Movimiento defensivo
Cuando entró su asesino en el despacho, Tomás y Valiente hablaba por teléfono con el catedrático Elías Díaz. Los peritos describieron la trayectoria de los proyectiles y los impactos que presentaba en la cabeza. Una de las balas le llevó parte de un dedo, señal habitual de haber hecho un movimiento defensivo con la mano frente al arma que le apuntaba.
Entre dos profesores de Derecho Penal, un estudiante de Historia del Derecho y el primer testigo le sacaron para llevarle a un hospital, pero en el garaje se percataron de que había fallecido. El cuerpo del ex presidente del Constitucional quedó allí hasta que llegó la policía.
Otro de los estudiantes recordó que el asesino, al cruzarse con ellos, les encañonó con la pistola y les amenazó: "Si me miráis os mato". Después desapareció, "andando velozmente pero sin correr" y bajó por las escaleras, donde le esperaba una joven, presuntamente la etarra María Jesús Arriaga. Ambos huyeron en un coche en el que les esperaba un tercer miembro del comando. En la huida dejaron el vehículo en la calle Isla de Java, con un explosivo que estalló sobre las 11,30 de la mañana, causando heridas leves a cuatro personas que se encontraban en las cercanías.
El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, modificó sus conclusiones y elevó en 20 años la petición de penas para Bienzobas: 30 años por el asesinato, 12 años por terrorismo, 6 años por cada uno de los cuatro delitos de lesiones y otros 6 por falsificación de placas de matrícula. El fiscal reclamó 500.000 euros de indemnización para los herederos, excepto Miguel, uno de los hijos, para el que pidió otros 400.000 por las secuelas que sufrió tras el asesinato de su padre y que le han impedido ejercer como profesor.
La vista fue seguida por el periodista Francisco Tomás y Valiente, uno de los cuatro hijos del catedrático asesinado y por numerosas personalidades del mundo de la cátedra y del Derecho, entre ellas el ex presidente del Tribunal Constitucional Pedro Cruz Villalón, el rector de la Universidad Autónoma, Ángel Gabilondo, el catedrático Elías Díaz y profesores de la Universidad de Salamanca.
El camino desandado
El fiscal Javier Zaragoza comenzó su informe leyendo un artículo de Tomás y Valiente publicado en EL PAÍS al día siguiente de su asesinato, en el que hablaba del terrorismo o de ETA y que acababa diciendo: "Cada vez que matan a un hombre en la calle, nos matan un poco a cada uno de nosotros".
Tomás y Valiente prevenía en aquel artículo contra la "tentación" de "la fragmentación interna de las fuerzas políticas democráticas en su necesario frente común contra los criminales del terror". "Se había avanzando mucho en ese camino", añadía el catedrático, "y en poco tiempo, se ha desandado casi todo".
"Todos los crímenes tienen un componente de cobardía, vileza, y ruindad", siguió el fiscal, "pero éste tiene un factor adicional de extrema gravedad: se asesina al primer defensor del Estado de derecho, que contribuyó de forma decisiva a que las libertades y derechos fueran respetados. Gracias a los esfuerzos de su víctima, su asesino ha tenido un proceso con todas las garantías. Pero superado ese trámite, la respuesta de la Justicia ha de ser rigurosa".
