El fiscal imputa a cuatro altos cargos que impulsaron la tala en Las Navas del Marqués

El fiscal jefe de Ávila, Juan Miguel Gómez, pidió ayer al juez que declaren como imputados cuatro altos cargos del PP que impulsaron la urbanización en un pinar protegido de Las Navas del Marqués (Ávila), según fuentes del caso. Entre los cargos implicados están el alcalde de Las Navas y el director general del Medio Natural de Castilla y León. El fiscal cree que en su actuación hay indicios de delito contra el medio ambiente y el territorio, prevaricación, falsedad, malversación y tráfico de influencias, ya que la Junta, la Diputación y el Ayuntamiento pactaron con el promotor la recalificación del pinar antes de pedir informes, y luego citaron como positivo el dictamen contrario a la recalificación.

En el escrito remitido ayer al juzgado, el fiscal pide que declaren como imputados el alcalde de Las Navas, Gerardo Pérez; el secretario municipal, Carlos de la Vega; el director de Medio Natural de la Junta de Castilla y León, Mariano Torre Antón, y el ex delegado de la Junta en Ávila, ex presidente de la Comisión de urbanismo y ex senador Félix San Segundo, todos del PP.

No están todos los que son, pero, con este escrito, la fiscalía da el primer paso para depurar las responsabilidades por la Ciudad del Golf, la urbanización de 1.600 chalés, hotel y campos de golf en un pinar especialmente protegido. El Ayuntamiento de Las Navas, la Diputación de Ávila y la Junta de Castilla y León impulsaron la urbanización en contra de los informes técnicos. El Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León sentenció en octubre pasado que la recalificación era ilegal y "vulneraba frontalmente" el decreto de protección de la cigüeña negra. Tras la sentencia y a petición de ecologistas y la fiscalía se abrió la vía penal para buscar a los responsables, como ocurre con las licencias ilegales de Marbella.

El fiscal, tras analizar el expediente e informar al fiscal coordinador de Medio Ambiente, Antonio Vercher, actúa contra estos cargos. "Éste es el primer paso porque este proceso será largo y puede haber más imputaciones", explican fuentes de la fiscalía.

Secretario del PP

Estas fuentes apuntan al ex presidente de la Diputación de Ávila Sebastián González, actual secretario de Organización del PP y mano derecha de Ángel Acebes. González es diputado y para pedir su imputación hay que lograr el visto bueno del Congreso. El escrito ecologista que abrió el caso incluía a González entre los denunciados y ahora es el único de ellos que no aparece en el escrito del fiscal.

Una de las claves de la acusación es que el director de Medio Natural, Mariano Torre, firmó el 13 de noviembre de 2003 un informe por el que desprotegía 11,6 hectáreas declaradas "área crítica para la cigüeña negra" y por lo tanto intocables, Torre firmó la desprotección citando como positivo un informe del jefe de Espacios Naturales de Ávila, Sabas Yagüe, firmado una semana antes y contrario a la desprotección. Yagüe había rubricado 10 días antes otro dictamen contrario y reiteró su oposición en 2004. Luego fue trasladado.

Fuentes del caso explican que esa manipulación es una de las principales pruebas en contra de Torre. Además, para desproteger esa parte del suelo era necesaria una orden publicada en el boletín de la comunidad, algo que nunca se hizo. Torre evitó el trámite y desprotegió el área crítica "de hecho" en ese dictamen.

El segundo punto por el que incidirá la acusación es que los altos cargos eran juez y parte. Torre, González, San Segundo, el alcalde de Las Navas y el secretario eran consejeros de la empresa pública Montes de Las Navas, creada oficialmente para proteger el monte que acababa de comprar. La empresa era del ayuntamiento (70%), la Junta (20%) y la Diputación (10%).

En noviembre de 2001, antes de que el terreno saliera a subasta, la empresa ya había encargado al constructor alicantino Francisco Gómez, alias El Paloma, "los estudios topográficos y anteproyectos" de la urbanización. El acta del consejo de administración de 26 de noviembre de 2001 demuestra que ya entonces el constructor había pactado la adquisición de "95 hectáreas por 9,157 millones de euros". En 2002 el terreno salió a subasta y El Paloma fue el único en concursar. Ya no eran 95 hectáreas sino 215, aunque el precio apenas varió. El promotor, presidente del club de fútbol de Cartagena, se comprometió a pagar 9.953.971 euros en siete años.

El 14 de agosto de 2002 se firmó la escritura de compraventa y los altos cargos de Castilla y León firmaron que en dos años todo el terreno sería urbanizable o indemnizarían al promotor con 2.953.943 euros más IVA. Efectivamente, pese a los informes técnicos contrarios, a punto de cumplirse los dos años la recalificación estaba aprobada.

Con este escrito, el fiscal asume las tesis de la denuncia de los ecologistas que abrieron el caso y que pidieron investigar los delitos de falsedad (por la manipulación) contra la ordenación del territorio y la fauna (al aprobar la recalificación pese a los informes negativos), prevaricación (al permutar un monte público por otra parcela sin árboles), tráfico de influencias (por pactar la recalificación años antes de los trámites) y malversación de caudales públicos (al crear con dinero público una sociedad que impulsó la urbanización). La denuncia partió de las asociaciones ecologistas Centaurea, Greenpeace, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Cantueso y Grama.