El fiscal militar pide prisión por desobedecer una orden en Afganistán

La Justicia Militar ha caído con toda contundencia sobre los dos cabos del Regimiento de Ingenieros de Salamanca que se negaron a conducir un camión pesado Vempar en Afganistán alegando razones de seguridad. Tras haber sufrido un arresto de 14 días y la apertura de un expediente disciplinario por falta grave, el juez castrense ha decidido abrirles un proceso penal por delito de desobediencia, y el fiscal militar ha pedido incluso su ingreso en prisión preventiva.

Los hechos se remontan a principios de mayo, cuando los dos cabos recibieron la orden de llevar un camión táctico Vempar desde la base de Herat, donde se concentra el grueso de las tropas españolas en Afganistán, hasta el destacamento de Qal-i-Naw, donde se encuentra el Equipo de Reconstrucción Provincial (PRT) y se está edificando una nueva base, que debe estar lista antes del invierno.

Los dos soldados, de Salamanca, ya han cumplido un arresto de 14 días

El viaje, con un recorrido superior a los 150 kilómetros, se prolonga durante más de 12 horas, dado el mal estado de la ruta y la difícil maniobrabilidad de camiones que tienen casi 10 metros de largo por tres de alto, con 12,3 toneladas de peso y 19,7 de carga útil.

Según fuentes militares, los dos cabos alegaron, como otros miembros de su unidad, que el Vempar carecía de la protección con que cuentan los vehículos del Ejército que circulan por Afganistán, por lo que reclamaron que se blindara. El blindaje, en el caso de camiones pesados, consiste en la instalación de una manta de kevlar bajo el piso inferior. Este material, mucho más ligero que el metal, tiene gran capacidad para absorber esquirlas y fragmentos de minas y artefactos y se utiliza para fabricar chalecos antibala y cascos.

Los mandos militares alegan que el camión, del Regimiento de Salamanca, al igual que los más de 150 soldados que construyen la nueva base, no tenía como misión patrullar por Afganistán, sino trabajar en una zona acotada y protegida, por lo que no necesitaba el blindaje. Además, según los mismos mandos, los informes de inteligencia señalaban que no existía en esos días riesgo de ataque en el trayecto entre Herat y Qal-i-Naw.

Compañeros de los cabos señalan, por su parte, que el camión sí llevaba inhibidor, lo que demuestra que el peligro de atentado era real, y que los sancionados ni siquiera eran los conductores oficiales del Vempar.

Tras un largo tira y afloja, en el que dos mujeres militares se ofrecieron voluntarias para la misión, el camión fue traslado finalmente por otros dos soldados. Los dos cabos permanecieron en Afganistán hasta que fueron repatriados a principios de junio. Su superior les impuso un arresto de 14 días, que acabaron de cumplir la semana pasada, ya en su cuartel de Salamanca.

Fuentes militares advirtieron desde el primer momento la necesidad de aplicar un castigo "ejemplarizante". Y así ha sido. Los cabos han sido citados ya por el juez togado, que les ha comunicado la apertura de sumario por el presunto delito de desobediencia, que el artículo 102 del Código Penal Militar castiga con de tres meses a dos años de cárcel. El fiscal ha ido más lejos al pedir incluso la prisión preventiva, lo que de momento ha rechazado el juez. Fuentes jurídicas recuerdan, sin embargo, que la petición de prisión preventiva sólo es posible si el fiscal considera que la orden desobedecida afectaba a "un servicio de armas", lo que elevaría la pena hasta seis años de cárcel.

Compañeros de los dos cabos creen que éstos se equivocaron, pues debieron realizar la misión y presentar una queja después, ya que los militares deben cumplir cualquier orden, incluso si es ilegal, salvo que constituya delito. Niegan, sin embargo, que se tratara de un gesto de cobardía y alegan que los dos militares habían realizado ese mismo trayecto en varias ocasiones, e incluso otros servicios más arriesgados, como la escolta a pie, sin que nunca hubieran planteado ningún problema.