El fiscal pedirá imputar al agente de los partes de espionaje a Cobo y Prada

El ministerio público reclamará una pericial caligráfica de José Manuel Pinto

Madrid - 18 ene 2010 - 11:39CET

La fiscalía va a solicitar la imputación de José Manuel Pinto, empleado público del departamento de Seguridad del Gobierno de la Comunidad de Madrid, según fuentes informadas de la decisión. Dos peritos que han trabajado en relevantes casos de la Audiencia Nacional -a los que este periódico encargó el análisis de los partes de espionaje al vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, y al ex vicepresidente autonómico madrileño Alfredo Prada- identificaron hace un año a Pinto como el autor de diversas anotaciones manuscritas en esos documentos, que registraban todos los pasos de los dos políticos, contrarios a la línea marcada por Esperanza Aguirre, entre abril y mayo de 2008 en su enfrentamiento con Mariano Rajoy.

Una doble pericial de EL PAÍS vinculó a Pinto con los partes del espionaje

La juez ha recibido media docena de peticiones para interrogarle

La fiscalía solicitará, además del interrogatorio de Pinto, que se le practique una prueba pericial caligráfica. La petición de analizar la letra de Pinto se sumará a las cinco que ya han cursado desde mayo de 2009 la policía -que sostuvo en un informe que tres ex guardias civiles fichados por el Gobierno de Aguirre espiaron a dirigentes del PP-, Prada, Cobo, la diputada autonómica popular Carmen Rodríguez Flores -también supuestamente espiada- y el PSOE. Por esta suma de peticiones se da por hecho que la juez del caso, Carmen Valcarce, finalmente, la concederá ahora. La reacción de la fiscalía se produce en respuesta a la insatisfacción "ante la parálisis judicial" de las víctimas del espionaje político presuntamente perpetrado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en abril y mayo de 2008 y destapado hace un año por este diario.

Dicho malestar se ha traducido en un goteo de peticiones a la juez para que active diligencias elementales cuya ejecución demora en más de medio año. Por ejemplo, se le pide que ordene ya una pericial caligráfica a Pinto. Éste fue identificado hace un año por dos expertos grafólogos como el agente del Gobierno madrileño que realizó anotaciones de matrículas de vehículos en los partes del espionaje que detallaban todos los actos públicos y privados del entonces vicepresidente segundo y consejero de Justicia, Alfredo Prada, y del vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo, ambos leales a Mariano Rajoy.

Ésta es la solicitud que acaba de realizar el letrado de Cobo a la magistrada, además de que encargue la misma prueba caligráfica sobre el compañero de trabajo de Pinto, José Palomo, y a los tres ex policías (Roberto Casielles, José María Rodríguez y Belén Espartero). Los citados presuntamente integraban el grupo de asesores del consejero de Interior, Francisco Granados, dedicados al seguimiento de Prada, que ellos denominaron "contravigilancia" ante la juez, que les tomó declaración en esta causa, imputados por malversación de fondos públicos.

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La petición de Cobo de realizar pruebas caligráficas también alcanza a otro asesor de Granados, Marcos Peña, ex inspector de policía que realiza informes para su jefe y que se declara ajeno a esta trama de espionaje.

La pericial caligráfica a Pinto ya la solicitó la policía en mayo pasado a la juez, petición que igualmente le formuló el abogado de Prada en julio pasado y reiteró en noviembre último. Ahora acaba de solicitarla Rodríguez Flores. Ya sólo falta que la juez atienda alguna de estas reclamaciones. Sería una prueba más para el esclarecimiento definitivo del caso tras conocerse, por los posicionamientos de los teléfonos utilizados por al menos cuatro agentes contratados a dedo por el Gobierno de Aguirre, que siguieron de la mañana a la noche y de lunes a viernes, al entonces vicepresidente Alfredo Prada sin causa aparente. Pinto, que no se encontraba en los lugares de los seguimientos como los tres ex guardias civiles y un ex policía nacional, podría desvelar el origen y fin de los partes del espionaje en los que hizo sus anotaciones.

No sólo la doble pericial encargada por este diario apunta que la letra manuscrita en tales partes del espionaje salió del puño de Pinto. Sus compañeros de trabajo han sabido reconocer, según confiesan en privado a este periódico, la grafía de Pinto en las anotaciones plasmadas en los partes difundidos por EL PAÍS. El Gobierno de Aguirre encargó a un perito, ex concejal socialista, el mismo trabajo. Ese perito aseguró que la letra de los partes no correspondía al agente Pinto.

A la izquierda, señalado con un círculo, Pinto, junto a Esperanza Aguirre en un acto electoral en marzo de 2008.

El vicealcalde solicita las llamadas

El interrogatorio de José Manuel Pinto puede ilustrar tanto o más sobre los responsables y fines de esta supuesta trama de espionaje en la Consejería de Interior que los posicionamientos de los móviles de los espías de abril de 2008 que la juez solicitó finalmente, tras admitir un recurso del letrado de Cobo ante la negativa de Telefónica a entregarlos, que alegó que sólo tiene obligación legal de conservan un año esos archivos. Telefónica sólo facilitó los posicionamientos de mayo de 2008, que bastaron para probar el seguimiento de tres ex guardias civiles y un ex policía, asesores de Francisco Granados, consejero de Interior, al ex vicepresidente Alfredo Prada, hecho por el que fueron imputados, junto con su jefe, Sergio Gamón.

Aunque el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix, solicitó hace un año a la policía los datos telefónicos de los agentes de Aguirre sospechosos del espionaje, esta petición sólo pudo ser activada cuando tuvo un respaldo judicial y, para entonces, ya se había perdido un tiempo decisivo y Telefónica alegó que la petición llegaba fuera de plazo para atenderla. No obstante, el abogado de Cobo, en prevención de que Telefónica explicite que sí ha destruido tal material (los posicionamientos de abril de 2008), ha solicitado una prueba alternativa. En concreto, ha requerido a la juez que pida toda la información disponible sobre los consumos de los teléfonos de la decena de agentes de Aguirre sospechosos de espionaje de abril de 2008.

Y, dado que esta información se guarda legalmente durante cinco años, aquí no puede haber negativa de Telefónica alegando que tales archivos han sido ya destruidos. La virtud de tal información es que aportaría el detalle día a día, hora a hora, de las llamadas realizadas o recibidas por los agentes bajo investigación. Esto demostraría si trabajaban de forma autónoma, como sugirió Gamón, o recibían consignas directas y casi a diario de sus jefes para sus seguimientos, como declararon los tres ex guardias civiles. Igualmente, el letrado de Cobo ha solicitado que se identifiquen los titulares de los teléfonos con mayores llamadas de los espías.