El fiscal pide que se prohíba el homenaje a una etarra en Barcelona
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido al juez central de guardia, Pablo Ruz, que suspenda el homenaje convocado mañana sábado en Barcelona a la colaboradora de ETA Laura Riera con motivo de su salida de prisión. El ministerio público afirma que el recibimiento a la etarra tiene por finalidad justificar las acciones de ETA y la "adulación pública" de los terroristas de la banda.
El fiscal sostiene que en el acto de bienvenida a Laura Riera durante las fiestas del barrio de Gràcia "se consumará un delito de enaltecimiento del terrorismo". Durante ese mismo acto se pretende homenajear también a Dolores López Resina y Marina Bernardó Bonada, que cumplen condena en Francia por su pertenencia a ETA.
Laura Riera, trabajadora en la sección de multas del Ayuntamiento de Terrasa, fue condenada a nueve años de prisión por facilitar matrículas de los vehículos de posibles objetivos al comando Barcelona de ETA. Entre ellas, la del concejal de Viladecavalls (Barcelona) Francisco Cano, asesinado con una bomba-lapa.
El escrito del fiscal asegura que los convocantes consideran "presos políticos" a las etarras que quieren homenajear, lo que "ya de por sí constituye un menosprecio a las víctimas de sus acciones". El fiscal explica que el ensalzamiento de una persona cuyo único mérito es pertenecer a una organización terrorista supone justificar la lucha armada y, al tiempo, despreciar y humillar a las víctimas.
Ningún responsable
Entre los carteles de la convocatoria, destaca uno en el que se dice: "Laura saldrá de la cárcel, pero las causas que la llevaron a luchar y sufrir el encarcelamiento continúan vigentes...". Según el fiscal, entre los grupos convocantes figuran Rescat y SAT, que se originaron a raíz "de la desarticulación y detención en Cataluña de comandos e individuos integrados en ETA".
Esos grupos han desarrollado sus actividades "de forma subrepticia", tratando de eludir cualquier control, y han convocado el recibimiento a través de Internet y mediante cartelería, sin notificación oficial "y sin que aparezca persona alguna como organizadora o coordinadora de los actos". El fiscal concluye pidiendo la prohibición del homenaje y que el juez dé instrucciones a las fuerzas de orden público para impedirlo.
