El fiscal rechaza investigar Guantánamo tras hablar con la EE UU

La fiscalía de la Audiencia Nacional emitió ayer un informe por el que pide que se rechace una querella presentada contra el equipo jurídico de la Administración Bush que hizo posible el limbo jurídico de Guantánamo. La medida solicitada se produce días después de que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, se reuniese en la Audiencia con el consejero político de la Embajada de Estados Unidos William Duncan y un miembro de su asesoría jurídica, según adelantó Cuatro.

La postura de la fiscalía ya había sido anticipada el pasado jueves por el fiscal del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que calificó la querella de "fraudulenta", y dijo que admitirla sería como convertir la jurisdicción universal en "un juguete en manos de personas que buscan protagonismo".

El presidente Barack Obama, al ser preguntado por el caso, señaló que ya había hablado con España y que había que mirar hacia delante, no hacia atrás.

Lo paradójico del informe es que la fiscalía reclama que la querella se remita al juez Ismael Moreno, que instruye el caso de los vuelos de la CIA, para que sea él quien lo archive en lugar del juez Baltasar Garzón, que es a quien llegó primeramente la querella por haber procesado a cuatro islamistas que permanecieron retenidos cuatro años en la base estadounidense, entre ellos el español Ahmed Abderraman Ahmed, que fue absuelto por el Tribunal Supremo.

Nuevo enfrentamiento

Fuentes de la Audiencia Nacional señalaban ayer que si lo que se denuncia es la inexistencia del delito lo lógico es que no admita la querella el juez que la tiene, no que se envíe a otro para que la rechace.

Mientras tanto, el juez Garzón remitió la querella y las sentencias sobre Ahmed Abderraman y Lacen Ikasrien, así como la documentación sobre Jamien Abdulatif Al Banna y Omar Deghayes al juzgado decano, para que se reparta. No obstante, el magistrado precisaba que no se debía remitir al juez que instruye el caso de los vuelos de la CIA porque "no consta que investigue las eventuales torturas o malos tratos que los citados hayan podido sufrir".

Las posturas de Garzón y de la fiscalía anticipan la apertura de un nuevo frente de discrepancias, tras el abierto enfrentamiento mantenido entre Javier Zaragoza y el magistrado a propósito de la memoria histórica.