El fiscal reclama cárcel para los ediles que no destinen suelo a pisos baratos

El fiscal coordinador de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, ha pedido al Gobierno que reforme el Código Penal para poder perseguir a los alcaldes que no destinen suficiente suelo a Vivienda de Protección Oficial (VPO). Vercher quiere perseguir a los alcaldes que no reserven al menos el 30% del suelo a este fin, como marca la Ley del Suelo de 2007. Así lo revela la Memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo de 2007, a la que ha tenido acceso EL PAÍS.

El fiscal recuerda el "reconocimiento del derecho constitucional a la vivienda", pero señala que "con frecuencia se dan irregularidades" con la vivienda protegida. Los alcaldes incumplen el porcentaje de suelo destinado a estas casas y es imposible perseguirlos.

El fiscal ha pedido al Ministerio de Justicia que añada un nuevo apartado en uno de los artículos del Código Penal contra la malversación: "La Autoridad o funcionario que diere al suelo [...] destinados a satisfacer fines de primera necesidad o relacionados con la sostenibilidad, una aplicación distinta a la que le corresponda, incurrirá en las penas de prisión de uno a tres años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de tres a seis años". La redacción permitiría ir también contra las recalificaciones abusivas de suelo protegido.

El informe señala que la corrupción urbanística es cada vez más sofisticada. En Cádiz "se ha observado un progresivo aumento del carácter organizado de las conductas delictivas vinculadas al urbanismo, probablemente al amparo de la generalizada sensación de impunidad" y "han aflorado conductas delictivas que por su carácter complejo y organizado van más allá de lo que hasta ahora eran los comportamientos delictivos detectados".

Ya no se trata de un particular que construye un chalé en suelo rústico, sino que se trata de grandes construcciones (urbanizaciones enteras) con aval de arquitectos, técnicos, ayuntamientos, entidades bancarias... A menudo, detalal el texto, las investigaciones empiezan en Medio Ambiente y acaban en Anticorrupción, como ocurre en Baleares.

Una de las quejas más repetidas por los fiscales de Medio Ambiente es la falta de colaboración de ayuntamientos y autonomías. Entre los que no colaboran -sería más breve dar los que sí- cita a los ayuntamientos de la provincia de Cádiz, Málaga, la Generalitat Valenciana, la Generalitat catalana (especialmente en Barcelona y Tarragona), los Mossos d'Esquadra, o las administraciones de Aragón, entre otros. En la provincia de Málaga, la fiscalía denuncia que los ayuntamientos tienen "una actitud más bien complaciente y poco beligerante" con estas infracciones. Sobre Murcia, explica que los responsables autonómicos "aparentemente también ven con buenos ojos" las investigaciones, pero sólo "hasta que comprueban que son ellos los que pueden estar siendo investigados".

Y aunque la actitud de las autonomías ha mejorado, los municipios siguen siendo reacios a perseguir la corrupción, como señala en Cádiz: "La actuación de las administraciones a quienes corresponde velar por la disciplina urbanística, fundamentalmente los ayuntamientos, no tiene lugar en la forma que sería de desear. Ya no sólo por la inaplicación generalizada de la demolición de las construcciones [...] sino como una palmaria dejación de las facultades de inspección previa, de sanción y de restablecimiento de la legalidad".