El fiscal recurre la libertad de Díez Usabiaga porque la enfermedad de su madre es una excusa "artificial"

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha presentado un recurso contra la libertad bajo fianza de 30.000 euros para el líder del sindicato LAB, Rafael Díez Usabiaga, decretada por el juez Baltasar Garzón el lunes. El fiscal Vicente González Mota reclama que Díez Usabiaga vuelva a la cárcel porque que la razón que alegó para abandonarla -el mal estado de salud de su madre de la que debía hacerse cargo- "ha sido artificialmente creada con el fin de eludir una medida cautelar necesaria"; la prisión incondicional.

En su escrito, la fiscalía recuerda la gravedad del delito -pertenencia a organización terrorista-, el riesgo de fuga y la posibilidad de reiteración delictiva, circunstancias que, según el Ministerio Público, persisten, como demuestra el hecho de que el dirigente de la izquierda abertzale fuera procesado por esos hechos 25 de enero.

Respecto a la petición de la madre, Dolores Usabiaga, que designó a su hijo como cuidador en aplicación de la Ley de Dependencia, el fiscal estima que ésta lo hizo conociendo la situación de prisión preventiva en la que se encontraba previamente el dirigente abertzale.

Por esa razón, estima que la situación de prisión provisional de Díez Usabiaga "no perjudica una relación preexistente de cuidados" con su progenitora. Tampoco consta, según González Mota, la imposibilidad de otros familiares de prestarle asistencia. Otros dirigentes de la izquierda aberzale procesados en la misma causa plantearon la misma excusa, según el Ministerio Público.

El dirigente abertzale se encontraba en prisión desde el 13 de octubre de 2009, cuando fue detenido a raíz de su presunta participación en el último intento conocido de reagrupar los restos de la izquierda abertzale para reconstruir lo que fue Batasuna.

Esa tentativa, denominada Bateragune (lugar de encuentro), fue desarticulada por el juez Baltasar Garzón, que en enero procesó a Usabiaga, Arnaldo Otegi y otros seis responsables de la izquierda radical por un delito de pertenencia a banda terrorista, que se castiga con penas de entre 10 y 15 años de prisión.

El recurso deberá ser resuelto en primera instancia por el propio Garzón. En caso de que lo rechace -lo más probable- será la Sala de lo Penal de la Audiencia la que tome la decisión definitiva.