El fiscal recurrirá por infracción legal y constitucional

La Fiscalía Anticorrupción anunciará hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Valencia que va a presentar recurso de casación ante la Sala Penal del Tribunal Supremo, por entender que la decisión del tribunal que preside Juan Luis de la Rúa ha infringido la legalidad vigente y ha vulnerado el artículo 24 de la Constitución, que establece el derecho a obtener la tutela judicial efectiva de los jueces y tribunales. La decisión de la Fiscalía deja al presidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, en situación de interinidad hasta que el Supremo se pronuncie.

El recurso lo preparará la Fiscalía del Tribunal Supremo, en coordinación con Anticorrupción, durante las próximas semanas, dado que el mes de agosto es inhábil en el Tribunal Supremo. Por tanto, el recurso contra los argumentos del TSJ de Valencia no se presentará físicamente ante la Sala Penal previsiblemente hasta septiembre.

Fuentes fiscales valoraron que la resolución del tribunal valenciano es "muy frágil", porque para contradecir la tesis del juez instructor, José Flors, de que existen indicios de delito de cohecho impropio y que Camps y los demás imputados del PP valenciano deberían ser sometidos a juicio, el Tribunal hubiera debido pronunciarse por unanimidad.

Pero frente al criterio del magistrado instructor, la Sala, que reconoce paladinamente que "no ha realizado acto de investigación" y "no ha tenido conocimiento directo de los hechos", concluye dictando una resolución sobre el fondo del asunto en la que uno de los tres magistrados, Juan Montero Aroca, declara que "no está convencido" de que los hechos atribuidos a Camps, Campos y Betoret no sean constitutivos de delito. Y además, discrepa de que los dos magistrados que han resuelto el sobreseimiento, De la Rúa y Ceres, hayan interpretado adecuadamente la jurisprudencia que reseñan en la resolución.

Según las fuentes consultadas, la Fiscalía esgrimirá en su recurso que la decisión del tribunal valenciano no tiene en cuenta la existencia de la "relación negocial" entre el entramado de la Gürtel y la Administración valenciana, que es dirigida por Francisco Camps.

Además, en las actuaciones que se siguen en el Tribunal Superior de Madrid, que el instructor Antonio Pedreira ha remitido al tribunal valenciano, consta que las personas y empresas que regalaban trajes a Camps están integradas por cohechadores profesionales, que despliegan su actividad a base de pagos y dentro de un contexto de entrega de dádivas de manera continuada. Es decir, que el modus operandi de la trama Gürtel consistía en hacer regalos a alcaldes, diputados de la Comunidad de Madrid y altos cargos del PP, entregando dádivas obviamente para obtener contratos y fondos.

La interpretación del tribunal valenciano lleva a un "vaciamiento del delito" de cohecho pasivo impropio, según las fuentes consultadas.