Los fiscales rechazan la expulsión sin sentencia de delincuentes extranjeros

La Asociación de Fiscales y la Unión Progresista de Fiscales han mostrado su oposición a la reforma de la Ley de Extranjería que prepara el Gobierno, según la cual los inmigrantes que cometan delitos para los que el Código Penal prevea penas inferiores a seis años de prisión serán expulsados de España si el juez no se pronuncia en un plazo determinado. Los fiscales se unen así a las asociaciones de jueces, a los partidos de la oposición y a diferentes organizaciones humanitarias, que ya han proclamado su desacuerdo con esta medida, anunciada el pasado miércoles en el Senado por el delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González.

Antonio Camacho, de la Unión Progresista de Ficales, declara: 'No es una medida que garantice la situación del extranjero. Para expulsarlo es preciso esperar a una resolución judicial. Sería una locura hacerlo de otra manera'. José Antonio Martín Caro, portavoz de la Asociación de Fiscales, dijo a la agencia Servimedia: 'No es correcto que se quiera hacer la expulsión sin contar con la autorización judicial. No se debe llegar a [oponer] rapidez contra garantías'.

El texto que maneja el Ejecutivo señala: 'Cuando el extranjero se encuentre procesado o inculpado en un proceso judicial por delito o falta para el que la ley prevea una pena privativa de libertad inferior a seis años o una pena de distinta naturaleza, el juez, a instancias de la autoridad gubernativa y previa audiencia del ministerio fiscal, en un plazo [aún por determinar], autorizará su expulsión si se hubiera dictado una resolución administrativa [confor-me a las previsiones de la Ley de Extranjería], salvo que de forma motivada aprecie la existencia de circunstancias excepcionales que justifiquen su denegación'.

Todas las asociaciones de jueces se han declarado contrarias a esta medida: tanto la mayoritaria y conservadora Asociación Profesional de la Magistratura ('No es posible', declaró su portavoz') como la progresista Jueces para la Democracia ('Absolutamente desproporcionada', la calificó su representante) y la moderada Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. También el PSOE, IU y CiU han mostrado su rechazo.