La fiscalía crea una comisión para asegurar el seguimiento penal de los delincuentes sexuales

La Fiscalía General del Estado se ha propuesto evitar que se repita un caso como el de Mari Luz. Para ello, Cándido Conde-Pumpido ordenará hoy que se constituya una comisión para que estudie y proponga en un plazo breve medidas de control para garantizar las responsabilidades penales de los delincuentes sexuales.

La comisión estará presidida por la fiscal de Sala para protección de las Víctimas de Delitos, Pilar Fernández Valcárcel, e integrada por las también fiscales de Sala del Supremo Soledad Cazorla, titular de la Fiscalía de Violencia sobre la Mujer, y Consuelo Madrigal, de la Fiscalía de Menores. Según las fuentes consultadas, a las tres fiscales podrían añadirse también fiscales de la Secretaría Técnica de la Fiscalía del Estado y fiscales de lo Penal del Tribunal Supremo, aún por determinar.

Las fiscales recibirán del fiscal general el encargo de examinar las propuestas que puedan surgir, para proponer las medidas que sería conveniente adoptar, sean éstas legislativas, de mejora de los registros judiciales, de control de las ejecutorias de condena de este tipo de delincuentes u otras de diversa índole.

La filosofía del proyecto consiste en reforzar los controles para evitar que una cadena de fallos humanos como los que se han producido en el caso de Mari Luz lleguen a generar unos resultados tan dramáticos. Así, será la comisión la que propondrá al fiscal general del Estado un conjunto de propuestas y Conde-Pumpido quien, en su caso, las elevará al Gobierno, o se dirigirá al Consejo General del Poder Judicial.

Las fuentes indicaron que en el caso de Mari Luz, los fiscales acusaron en los dos casos que se obtuvieron condenas y se opusieron a la suspensión cautelar, aunque en uno se concedió en contra del criterio del fiscal. En relación con los hechos, la fiscalía de Sevilla abrió una investigación y el viernes ya realizó un primer informe que aclara bastante la cadena de errores. El fiscal del Estado analizará a partir de hoy las conclusiones y, si se aprecian responsabilidades, se dirigirá al Consejo del Poder Judicial para proponer las que estime convenientes.