La fiscalía investiga a cargos del PP de Ciudad Real

La Fiscalía Provincial de Ciudad Real ha abierto diligencias por presunta prevaricación de varios cargos locales del PP, incluidos el ex alcalde, Francisco Gil-Ortega, la actual alcaldesa, Rosa Romero, así como una diputada nacional. La sospecha es que se autofavorecieron y beneficiaron a parientes directos de otros cargos del partido en la adquisición de una decena de pisos protegidos por el Ayuntamiento de Ciudad Real, gobernado por el PP. Las pesquisas nacen de una denuncia del PSOE a partir de una información publicada en abril de 2007 por este diario.

Las viviendas fueron revendidas con una notable plusvalía

La secuencia fue la siguiente: el gobierno municipal fijó que las 150 viviendas de un edificio céntrico de Ciudad Real denominado El Quesito quedaban sujetas al régimen de protección pública municipal. Si bien era obligatorio que tuvieran protección pública, dado que el solar inicialmente era municipal, la singularidad consistió en que se le dotó de protección municipal, "figura jurídica inexistente", según recoge la denuncia socialista. Pero esta fórmula brindaba una gran ventaja frente a las tipologías clásicas de protección oficial: limitaba igualmente el precio de venta, pero, en cambio, no establecía requisito alguno para los adquirientes. Daba igual si poseían o no otras viviendas, así como su nivel de ingresos.

Por tanto, los miembros del equipo municipal del PP y sus parientes podían, como ocurrió, copar estas viviendas que ellos mismos habían tasado. Con el añadido de que, en algunos casos, revendieron los pisos con notable plusvalía. Entre las personas que coparon tales pisos de protección vinculadas al PP figuran los siguientes, según la denuncia socialista:

- Francisco Gil-Ortega, anterior alcalde (gobernaba cuando ocurrieron los hechos), y hoy diputado autonómico, con dos viviendas.

- Rosa Romero Sánchez, actual alcaldesa, y anteriormente concejala y diputada nacional del PP, con una vivienda.

- Patricio Romero Fernández, padre de la anterior, con una vivienda.

- Carmen Quintanilla Barba (diputada nacional del PP), una vivienda.

- Gemma García Gujarro, portavoz del PP en Alcolea de Calatrava, casada con Francisco Cañizares Jiménez, concejal de Ciudad Real y portavoz de los populares en dicho consistorio.

- Dos hijos del ex concejal de Urbanismo, Gabriel Miguel Mayor, autor del plan por el que se protegió el inmueble ahora objeto de investigación, con sendas viviendas.

- Esperanza Vaquero Sosa, familiar del anterior alcalde, con una vivienda.

- Laura Vaquero Sosa, igualmente familiar del ex regidor del PP, con una vivienda.