La fiscalía pide a la juez fianza para los intrusos de los ERE

La Fiscalía Anticorrupción persigue que el dinero percibido ilegalmente por los intrusos (personas prejubiladas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas) regrese a las arcas públicas andaluzas. Para asegurarse de que estos fondos (unos 10 millones de euros) son devueltos al Gobierno andaluz, el ministerio público ha pedido a la juez del caso de los ERE, Mercedes Alaya, que imponga una fianza o embargue los bienes de los intrusos. En un escrito, la fiscalía pide a la magistrada "la inmediata adopción de medidas cautelares de aseguramiento de las posibles responsabilidades civiles y pecuniarias de las personas imputadas".

Hasta ahora, en la causa solo hay una veintena de imputados, pero la Junta ya ha identificado 72 intrusos y 111 personas con irregularidades administrativas en los cobros de las pólizas. Probablemente el número de intrusos crecerá ante la procelosa investigación de la Guardia Civil.

La fiscalía reclama a la Consejería de Empleo que para determinar el importe exacto defraudado, le informe sobre si algún intruso ha devuelto el dinero. Hasta ahora, hay solo dos ejemplos: el exalcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo, que ha consignado ante notario los 110.000 euros, y Antonio Garrido Santoyo, exresponsable de política local del PSOE de Baeza (Jaén).

Las fianzas o embargos afecta a la familia Ruiz-Mateos a través de una deuda relacionada con su empresa Dhul, para lo que Empleo generó una póliza de 2,4 millones cuyo asegurado fue Álvaro Ruiz-Mateos. Al margen de los intrusos, la fiscalía ha puesto el acento en los numerosos empresarios, Ayuntamientos y asociaciones que recibieron ayudas directas sin "ninguno de los requisitos exigibles" para las subvenciones.