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El mayor ajuste de la democracia

Las 17 formas de recortar 5.000 millones

Las autonomías asumen de manera dispar y con tensiones el ajuste del déficit

El presidente de Baleares quiere subir los impuestos, pero no tiene mayoría parlamentaria suficiente para hacerlo. Ocho presidentes autonómicos no quieren incrementarlos, y además se lo ha prohibido expresamente el líder de su partido, el PP, así que se tienen que centrar en reducir gastos. El de Canarias, que gobierna en coalición con el PP, quiere gravar un poco más el tabaco, pero tendrá que disfrazarlo de plan de prevención sanitaria para que cuele. El de Asturias, por el contrario, tiene a IU de socio de Gobierno, a los que les parece poco la subida planteada. El de Castilla-La Mancha empezó la legislatura con 14 consejerías y las ha dejado en siete. La mayoría se bajará el sueldo un 15%. Entre todos, tienen que recortar 11.000 millones del déficit de las comunidades autónomas . Porque lo dice el Gobierno de España. Y a él se lo dice Bruselas.

El decreto de Zapatero supone un recorte adicional de 6.000 millones
Por primera vez en la historia, algunas comunidades han subido impuestos
Las comunidades deben concretar sus planes antes de un mes
Con la reducción de cargos y entes, la crisis cambia la cara a las autonomías
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Las comunidades autónomas llevan tomando medidas para ajustar su déficit desde 2009. Pero los acontecimientos de los dos últimos meses las han dejado en fuera de juego. Todo está desfasado. Todo es poco. A mediados de julio, la UE hará el examen definitivo al plan de ajuste español. La parte que falta por aprobar es la que corresponde a las comunidades. Estas se enteraron de los nuevos objetivos la semana pasada en una reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera con la vicepresidenta tercera, Elena Salgado.

De esos 11.000 millones, 6.000 se recortan solos con el decreto del Gobierno que baja el sueldo a los funcionarios un 5% y reduce el gasto farmacéutico y de dependencia. Corresponde a las comunidades decidir cómo, entre todas, recortan lo que falta. Una cifra gigantesca, 5.000 millones de euros, con la que no contaban. No ha trascendido qué descripción de la situación les hizo Salgado, pero debió de ser inapelable. El acuerdo de las comunidades para rebajarse sus objetivos de déficit para 2011 una barbaridad (del 2,4% al 1,3%) se tomó por unanimidad. La respuesta tienen que dársela ya, antes de un mes, a la ministra de Economía para que pueda llevarla a su examen en Bruselas en julio.

La bajada de sueldos de altos cargos y la reducción de empresas públicas son ya generalizadas. Pero hay dos formas de reducir el déficit: reducir gastos y aumentar ingresos. Por primera vez en democracia, algunas comunidades autónomas han subido impuestos. El Gobierno central no lo ha hecho. La diferencia entre el PP y el PSOE en esta cuestión es radical. Para el líder conservador, Mariano Rajoy, es ya casi un eslogan electoral. Allí donde se plantea el conflicto político está servido.

Cataluña ha servido de ejemplo. ICV tensó al límite el Gobierno catalán con esta exigencia hasta que el presidente, José Montilla, no tuvo más remedio que ordenar un plan para subir impuestos a las rentas altas. CiU critica que es una simple cuestión de maquillaje. En recortes también ha dado ejemplo y ha superado al Gobierno español (y a todas las Administraciones), al bajar sueldos sin contemplaciones al personal de la sanidad y la educación concertadas.

El camino de Cataluña lo han seguido Asturias, Baleares, Extremadura y Andalucía. Otras dos comunidades del PSOE, Aragón y Castilla-La Mancha, ni se lo plantean. En algunas del PP incluso se anuncian nuevas rebajas de impuestos que consideran perfectamente compatibles con la brutal caída de ingresos de la Administración, como en Galicia, la Comunidad Valenciana o Madrid.

Estas regiones se centran en los recortes. En Madrid, el Gobierno del PP ha aprobado ya dos rebajas de sueldo este año. Ante la nueva situación, Esperanza Aguirre prepara un ambicioso plan para reorganizar los entes regionales. Esta medida fue aprobada ya en comunidades como Galicia, Andalucía, Aragón, Baleares, Extremadura y Castilla-La Mancha, donde la estructura de empresas públicas se ha quedado literalmente en la mitad. En Galicia se sustituye parte de la inversión con la entrada de capital privado en la sanidad.

Cuando acabe 2010, la crisis le habrá cambiado por completo la cara a la Administración autonómica y a unos Gobiernos que, en su mayoría, se examinan ante los ciudadanos en 2011.

Con información de Àngels Piñol, Pedro Gorospe, Javier Cuartas, Andreu Manresa, María Fernández, J. Sérvulo González, Juan Manuel Pardellas, Concha Monserrat, Juan Méndez y Pablo X. de Sandoval.

El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.
El presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps.C. FRANCESC
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.
El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.EFE

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