El fraude en cursos de formación pone bajo sospecha el uso de 50 millones
La Guardia Civil acreditó que las facturas se inflaban artificialmente hasta un 200%
La investigación sobre el presunto fraude de cursos de formación para trabajadores financiados con fondos de la Unión Europea ha puesto bajo sospecha el empleo de los 50 millones de euros recibidos en el periodo 2002-2005 por la principal empresa encartada, Formaplus, por engordar o falsear facturas en este caso. Las pesquisas de la Guardia Civil, que arrancaron en las provincias de Jaén y Granada, presumiblemente se extenderán a otras regiones españolas donde la patronal implicada, Confesal, derivó contratos de formación profesional financiados por la UE.
La investigación emprendida por el Juzgado número 1 de Loja (Granada), la fiscalía y la Guardia Civil partió de los tentáculos de corrupción detectados en Jaén y Granada: dos empresas con sede en Jaén, La Universal y Mareva -12 de cuyos miembros y gestores han sido detenidos-, facturaban cursos de formación profesional continuada que les había subcontratado -hecho prohibido normativamente para evitar tales corruptelas a raíz de escándalos anteriores- la empresa Formaplus, con sede en Madrid, que sumó otros cuatro arrestos, con su administrador, Javier Florencio Gaitán, a la cabeza. El análisis de los expedientes demostró una serie de prácticas irregulares que, presuntamente, necesitaban de la connivencia de la patronal que los contrataba tras captar fondos públicos europeos: Confesal (Confederación de Empresas de Sociedades Anónimas Laborales), cuyo presidente, Miguel Ángel Millana, ha sido detenido junto con el responsable de formación. Total, 18 detenidos. La investigación ha acreditado que Confesal recibió 11 millones de euros del Fondo Social Europeo para financiar una decena de planes en el periodo 2002-2005. Sin embargo, la empresa que contrató para materializar tales cursos, Formaplus, no sólo se nutrió de los fondos de Confesal, sino de los aportados por otras entidades, como sindicatos. El monto del dinero recibido en ese periodo por Formaplus y, por tanto, bajo sospecha, supera los 50 millones de euros.
Prácticas fraudulentas
Las prácticas fraudulentas de esta trama descubiertas por las pesquisas de los agentes de la Guardia Civil son muy variadas:
- Se justificaron decenas de acciones formativas de manipulador de productos fitosanitarios que no se habían llevado a cabo. El sistema era tan simple como burdo: se hacía firmar un doble parte de asistencia a cada alumno. Un parte servía para el curso real y el otro para el simulado. Eso sí, ambos cursos, el real y el ficticio, se facturaban por igual. Esta práctica fue desvelada por decenas de alumnos asistentes que proclamaron que jamás habían asistido a determinados cursos.
- También se completaba la nómina de alumnos asistentes con falsos cursillistas para cubrir el mínimo que exigía la convocatoria del expediente.
- Se cobraba el alquiler de naves de cooperativas cuyos dueños reconocieron haberlas cedido gratuitamente.
- Se engordaban las horas lectivas. Si el horario real cumplido era de 30 horas, las empresas concertadas simulaban haber hecho 40; si partían de 60, añadían igualmente otras 10.
- Finalmente, se ha comprobado que en determinadas facturas emitidas por las empresas subcontratadas, Formaplus ampliaba artificialmente su coste en un 200% para que Confesal la utilizara para justificar el empleo del fondo recibido. Así, por ejemplo, si la factura inicial registraba un coste de 10.000 euros, la de salida con destino a Confesal tenía un importe de 30.000 euros.
Por todo ello, la investigación llevada a cabo por la fiscalía y la Guardia Civil apunta que se ha cometido un supuesto delito de estafa por justificar ante la Administración la realización de cursos que nunca se llevaron a cabo y por engordar la facturación de los expedientes; un supuesto delito de falsedad documental por manipular documentos (facturas, partes de asistencia de alumnos, recepción de material, recepción de diplomas...); y, por último, un delito de fraude al Fondo Social Europeo, al dar una finalidad distinta a la prevista a los fondos de las Administraciones públicas.
