El 'frente noroeste' exigirá hoy otro método de reparto

La negociación del nuevo sistema de financiación ha dejado al descubierto que, esta vez, no es el gobierno del PP o del PSOE lo que divide a las comunidades en dos bandos. Ni tan siquiera se reproduce la tradicional dicotomía Madrid-Cataluña (más cerca de lo que sus dirigentes aparentan) o el antagonismo entre Andalucía y Cataluña, habitual en procesos anteriores. En esta ocasión, las mayores diferencias se dan entre las comunidades con más empuje demográfico y recaudatorio, y las menos pobladas y dinámicas; entre el frente mediterráneo (con la lejana conformidad de Madrid) y el frente noroeste.

"Si me convocan a una reunión del Consejo de Politica Fiscal y Financiera sin haber tenido una reunión bilateral, estaré en desigualdad de condiciones y me plantearé no acudir", advirtió el domingo el presidente de Extremadura, el socialista Guillermo Fernández Vara, tras conocer la cita del Gobierno con Cataluña y Andalucía el sábado.

El presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha recogido el guante y recibirá hoy a los tres dirigentes socialistas del frente noroeste: Emilio Pérez Touriño (Galicia), Vicente Álvarez Areces (Asturias) y Fernández Vara. Los tres parten de un planteamiento común: rebajar el peso de la población como variable de reparto en el nuevo sistema.

El Gobierno baraja distribuir buena parte del dinero que se asigne en el sistema conforme al principio de igualdad: más del 75% de los ingresos se repartirán de modo que las 15 comunidades (País Vasco y Navarra están en el régimen foral) reciban un nivel similar de dinero por habitante.

Reduce la diferencia

La consecuencia de ese criterio es que, aunque todas las comunidades van a captar más dinero, el nuevo modelo reducirá de forma muy sensible las diferencias en recursos por habitante que ahora existen en favor de las comunidades menos pobladas y dinámicas, como las del noroeste.

Extremadura, Asturias, Galicia, Castilla y León (PP) o Cantabria (PRC) plantean que ese diferencial reflejaba el sobrecoste de prestar servicios a una población muy dispersa o envejecida. Ahora plantean que si ese diferencial se va a reducir de forma drástica, el cálculo de los recursos por habitante debe variar.

Para hacer ese cálculo en el sistema vigente ya se ajusta la población de cada comunidad con alguna otra variable como superficie, dispersión o mayores de 65 años (en sanidad y políticas sociales). Aún así, la población pesa más de un 90%. Los barones socialistas del noroeste quieren dar más importancia a otros criterios para elevar su nivel ajustado de recursos por habitante.