La gestión de la interinidad
La confirmación del presidente del Gobierno de que no será el candidato socialista en las próximas elecciones generales elimina un factor de incertidumbre que subyacía en no pocos análisis políticos, cada día más cargados de escepticismo y generadores de incertidumbre. No solo se cuestionaba el momento del anuncio, sino incluso el cumplimiento de su compromiso de no aspirar a mantenerse en el cargo durante más de ocho años.
Esa información es también relevante para el análisis económico, pero no reduce, sin embargo, la marcada interinidad en que la que está inmersa la actividad política y económica en España. Apenas alivia la inhibición en la toma de decisiones, privadas y públicas, que son esenciales para alejar las amenazas de la crisis económica y financiera todavía vigente. Desde luego, en aquellas decisiones de inversión empresarial que pueden estar condicionando su ejecución no tanto a la identificación de dirigentes políticos concretos, o al método de elección de candidatos, como a la capacidad del conjunto de la clase política española para articular un consenso en aspectos esenciales con el que transitar a lo largo de estos doces meses. La gestión de esa interinidad se convierte, ahora de forma más vinculante, en el ámbito al que el bienestar de los españoles, en particular la evolución de la elevada tasa de paro, se va a mostrar más sensible.
Sería útil que el líder del PSOE invitara al PP a convenir las prioridades
Son dos interrogantes básicos, estrechamente vinculados, los que albergan los agentes económicos, tanto dentro como fuera de nuestro país, y confieren importancia diferencial a lo que se haga o deje de hacer en el tiempo que resta hasta la toma de posesión de un nuevo Gobierno. El más inmediato, la duda que en mayor medida inhibe a algunos inversores extranjeros, se refiere a nuestra capacidad para pagar las deudas, no solo las de las Administraciones públicas, sino las más abultadas del sector privado. El segundo interrogante es el concerniente a los efectos sobre la economía real de un sistema bancario, con serios problemas de liquidez, cuya actividad sigue lejos de su normal funcionamiento.
La recuperación de la economía española es absolutamente dependiente de la complicada restructuración en el censo de entidades bancarias. Y de su transición a un entorno económico nacional e internacional mucho menos favorable que el vigente en las últimas décadas. De la evolución de esas inquietudes sobre bancos y cajas de ahorros depende que la deuda privada no acabe transformándose en deuda pública, como ha ocurrido en otras economías de la eurozona.
A dar respuesta a ambos interrogantes, a la buena gestión de la interinidad abierta, contribuiría el compromiso de las formaciones políticas de respaldar aquellos acuerdos europeos tendentes a gestionar la todavía amenazante crisis de la deuda soberana: al consiguiente fortalecimiento de la unión económica. Que España consiga asegurar la completa diferenciación de los títulos de su deuda pública de los correspondientes a los de las muy castigadas economías periféricas debería ser el principal objetivo en esta muy delicada transición. Eso exige eliminar dudas acerca de la gestión económica, la que se lleve a cabo en los próximos meses y la de los próximos años.
La vía ahora probablemente más eficaz para reducir incertidumbre, para evitar la erosión adicional de confianza en esta fase de interinidad, es que al menos los dos partidos políticos con capacidad para gobernar en las próximas legislaturas transmitan su compromiso en torno a la aceptación de dos puntos básicos. El respaldo a esos acuerdos tendentes a fortalecer la coordinación e integración económica en el seno de la eurozona, en primer lugar. En segundo, una más estrecha coordinación de las decisiones de financiación de las Administraciones publicas. Este sigue siendo un aspecto esencial en esa clarificación de la estructura organizativa de nuestro Estado que no todo el mundo acaba de entender, en especial los inversores extranjeros en esos mercados de bonos de los que sigue dependiendo la estabilidad financiera.
Una de las tareas más útiles en las que el presidente del Gobierno podría concretar sus ahora renovados propósitos de gestión activa de la crisis sería invitar al presidente del Partido Popular a convenir en las prioridades que esta fase de transición sugiere en la gestión de una crisis que no se agotará precisamente con esta legislatura.
