El gobierno de los jueces
El Consejo General del Poder Judicial nombra, entre otros, a los presidentes de los tribunales y a los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia que tienen, por ejemplo, que enjuiciar a los políticos y jueces aforados. Los presidentes son esenciales para el buen funcionamiento de los tribunales; los altos magistrados, para el mantenimiento del consenso social en torno a la justa aplicación de la ley.
En el actual debate sobre la crisis institucional y la politización de la justicia hay que incluir la de su cúpula de presidentes y magistrados, que viene de la inmemorial crisis del Consejo. Muchos de los nombramientos han sido hechos desde hace años con criterios de afinidad política y clientelismo asociativo. No puede extrañar, entonces, que con frecuencia se resienta la gestión de los tribunales y aflore la política en la aplicación de la ley.
Aunque las asociaciones no pueden tener vínculos con partidos y sindicatos, obran como ambos a la vez
Cuando la crisis institucional de la justicia obedece a causas profundas, la labor de gobernar, no solo la de gobernar a los jueces, consiste en solucionar la crisis institucional, y no solo en reiterar las llamadas al respeto a las instituciones. El respeto tiene que asentarse en la simultánea voluntad de regenerar las instituciones en crisis.
Conviene aclarar que los nombramientos por afinidad política y clientelismo se producen fundamentalmente por la influencia de las asociaciones de jueces que siempre han estado más representadas en el Consejo del Poder Judicial, es decir, la Asociación Profesional de la Magistratura y Jueces para la Democracia y, singularmente, de la mayoritaria APM, cuya sintonía con el Partido Popular es evidente.
Es útil recordar que los grupos parlamentarios seleccionaron a los vocales judiciales del Consejo de entre aquellos jueces que previamente habían sido elegidos por sus propias asociaciones, y que todos los candidatos elegidos por los jueces no asociados fueron ignorados por el Parlamento. El resultado es que 11 de los 12 vocales judiciales pertenecen a las dos asociaciones mencionadas. La politización del Consejo es, por tanto, ante todo corporativa. La responsabilidad del Parlamento fue preterir a los jueces no asociados y fortalecer hasta límites incomprensibles en un Estado moderno el poder de dos asociaciones de jueces en el Consejo del Poder Judicial.
Aunque las asociaciones de jueces tienen prohibido tener vinculaciones con partidos y sindicatos, la realidad es que se comportan como ambos a la vez. Como sindicato, la APM ha llegado a convocar una huelga de jueces al pretendido amparo de la legislación laboral. Como partido, las asociaciones más representadas en el Consejo condicionan todas las medidas trascendentes de la política judicial, incluso aquellas que no forman parte de sus fines lícitos, como los nombramientos de la cúpula judicial, y, en concreto, dirigen desde hace años, con la connivencia cómplice de algunos vocales no judiciales, los pactos para el reparto de las presidencias y altas magistraturas.
A través de aquellos de sus representantes en el Consejo que asumen la función de delegados de la asociación que los eligió o de alguna de sus corrientes internas, los comités directivos de estas asociaciones gobiernan, en realidad, a los jueces. De hecho, la mayor parte de los vocales judiciales del Consejo siguen interviniendo en las reuniones de sus asociaciones, aunque no son asociados, porque no son jueces en activo.
El resultado de este dominio corporativo sobre el gobierno de los jueces es que los, aproximadamente, 4.700 jueces, la mayor parte de ellos no asociados, son gobernados como si fueran un gremio medieval dentro de un Estado moderno. Los dirigentes de las asociaciones que gobiernan realmente a los jueces son, en efecto, elegidos por sus asociados y, a diferencia de los partidos políticos, no tienen la obligación de someter su política a la legitimación periódica de los votos de los ciudadanos.
Es urgente terminar con este estado de cosas. Gobernar exige resolver los problemas de la sociedad, y el mal funcionamiento del servicio público de la justicia es, sin duda, un problema. El consenso social en torno a las instituciones depende de que sean percibidas por los ciudadanos como leales cumplidoras de sus obligaciones. Tras la esperanza por el nombramiento del presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, la realidad perversa vuelve a imponerse en el Consejo. Vista la persistencia de los delegados de sus asociaciones o de alguna de sus corrientes en seguir jugando al reparto de las presidencias, incluso las de las salas del Tribunal Supremo, el manifiesto de los jueces que han constituido la Plataforma por la Despolitización de la Justicia tiene razón cuando reclama la elección democrática por los jueces de los órganos de gobierno interno de los tribunales.
Hay muchas formas de garantizar la limpieza de esas elecciones y de incentivar la presencia de jueces no asociados en la cúpula judicial. Hoy por hoy, estos son esenciales para su despolitización. A ello debería seguir la reforma del sistema de selección de los magistrados del Tribunal Supremo y de las salas penales de los Tribunales Superiores de Justicia, así como del sistema parlamentario de elección de los vocales judiciales del Consejo, para que estuviera garantizada la presencia proporcional de jueces no asociados en él.
Introducir democracia y aire fresco en el rancio sistema de nombramientos de la cúpula judicial es el punto de partida ineludible para hacer la transición desde un sistema gremial de gobierno de los jueces al de un Estado moderno y para avanzar hacia la despolitización de las altas magistraturas.
José Manuel Gómez-Benítez es vocal del Consejo General del Poder Judicial.
