El grupo policial contra delitos urbanísticos se estrena con 100 operaciones y 57 arrestos

Seis meses han bastado para que las nuevas unidades de la Guardia Civil especializadas en la investigación de delitos urbanísticos hayan visto la dimensión del problema. Ochenta operaciones abiertas, 26 ya cerradas, 57 detenidos y 126 imputados por delitos que van desde el cohecho a la revelación de secretos, pasando por otros relacionados con la ordenación del territorio o la malversación de caudales públicos, siempre en relación con la delincuencia urbanística. Andalucía es, de momento, la comunidad autónoma donde más han tenido que emplearse los agentes del instituto armado, seguida de Baleares y Madrid.

Las llamadas Unidades de Delitos Urbanísticos empezaron a trabajar en marzo pasado. Su creación fue anunciada por el hoy director general de la policía y la Guardia Civil, Joan Mesquida, cuando dirigía exclusivamente el instituto armado.

El principal objetivo que se buscaba con la creación de estas unidades era establecer un sistema de prevención de infracciones urbanísticas, mediante un programa de inspecciones, que permitirá detectar y perseguir los delitos en este ámbito, así como la investigación de tramas societarias y de corrupción.

Estas unidades fueron creadas con un total de 200 agentes especializados, distribuidos en las 54 comandancias, el Seprona y la Unidad Central Operativa. Y trabajo no les ha faltado.

El tipo de delito más abundante detectado por ahora es el de cohecho, es decir, el de funcionarios públicos que cobraban por hacer favores o de empresarios que pagaban para agilizar los trámites. Sólo en la Comunidad madrileña hay abiertas seis operaciones por delitos de este tipo. La Guardia Civil mantiene abiertas 10 investigaciones en Madrid, por las que han sido detenidas 16 personas e imputadas otras dos (una por cohecho y otra por estafa).

Donde aparentemente han sido más efectivos estos equipos es en Andalucía, con Jaén y Cádiz a la cabeza en cuanto a número de detenidos o imputados. Los agentes de Jaén mantienen bajo investigación cuatro operaciones, tras cerrar otras tantas. Como consecuencia de las mismas hay 70 personas imputadas por delitos relacionados con la ordenación del territorio.

Cádiz es la provincia en la que más personas han sido detenidas: 24 por delitos de ordenación territorial, es decir, por haber vulnerado los preceptos de los planes de ordenación urbana. Además, todavía están investigándose dos casos de supuesta malversación de caudales públicos en dicha provincia. La provincia de Málaga, tristemente famosa por el llamado caso Malaya de Marbella, sólo tiene dos casos en fase de investigación, uno por prevaricación (por lo tanto con implicación de funcionario público) y otro por cohecho. En Andalucía hay en total 21 operaciones abiertas. No obstante, la palma en detenciones por delito de prevaricación se la llevan las Islas Canarias.

La Guardia Civil, además, está haciendo un inventario general de todas las edificaciones ilegales levantadas en el territorio bajo su jurisdicción. El inventario incluye la localización de esas obras, una breve descripción de las irregularidades, así como el tipo de infracción penal. Hasta la creación de las unidades especializadas, la Guardia Civil contaba únicamente con el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza) para vigilar y perseguir los delitos contra la ordenación territorial.