¿Y tras la huelga, qué?
Va a ser necesario algún tiempo para saber exactamente cuáles son las consecuencias políticas de la huelga general de ayer. No solo para el Gobierno, también para el resto de fuerzas políticas y para los sindicatos. Pero para conocer las consecuencias económicas no hace falta que pase ni un solo instante. Estamos, como es lógico, ante las mismas urgencias, con un poco más de desempleo y con una imagen en el exterior más deteriorada. Somos menos productivos y menos competitivos que anteayer.
Una de las críticas más importantes que se podría hacer a los convocantes de la huelga es que no han sido capaces de proponer una alternativa medianamente coherente a la reforma laboral aprobada ni a los cambios que desde los principales foros internacionales se le están demandando a España.
Casi todos los partidos consideran que el actual sistema de pensiones es insostenible
La postura que han mantenido las diferentes fuerzas políticas demuestra que no todo el mundo está de acuerdo sobre los cambios que se necesitan. Pero la respuesta que han tenido la mayoría de los españoles, acudiendo a sus trabajos cuando se les ha permitido, es una demostración de que entre los ciudadanos existe una idea muy clara: se necesitan cambios importantes y no es momento para el inmovilismo.
Por eso sería muy importante que antes del final de 2010 los partidos políticos que representan a esa gran mayoría de ciudadanos que se han opuesto a la huelga trabajando, demostraran su responsabilidad apoyando la aprobación de dos iniciativas clave que están pendientes en la agenda política.
La primera es la reforma de las pensiones. Prácticamente todos los partidos del arco parlamentario son conscientes de que el sistema con su diseño actual es insostenible. Y lo que es más importante, casi todos están de acuerdo en cuál es la solución: alargar la vida laboral y el periodo mínimo de cotización. Del acuerdo solo les separan algunos flecos, pero también el verdadero deseo de solucionar por consenso uno de los principales problemas de nuestra economía que, entre otras cosas, está penalizando el acceso de ciudadanos, Administraciones y empresas a los mercados financieros internacionales.
La otra iniciativa que no debe esperar es completar la reforma laboral haciendo posible que la formación profesional y los costes laborales -los que no tienen que ver con el despido- se sitúen en los niveles de los países con los que competimos. Para lograr este último objetivo hay que cambiar por completo la estructura de la negociación colectiva, dando prioridad a los acuerdos que se alcancen entre las empresas y sus trabajadores sobre los convenios colectivos, y adecuar los artículos del Estatuto de los Trabajadores que facilitan el absentismo laboral injustificado.
Simón Pedro Barceló es presidente del Instituto de la Empresa Familiar.
