La ilegalización de ANV condiciona la renovación judicial

La Sala Especial del Tribunal Supremo encargada de la aplicación de la Ley de Partidos Políticos ha sido convocada para el próximo 11 de septiembre a fin de iniciar las deliberaciones sobre la ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (PCTV) y Acción Nacionalista Vasca (ANV), en virtud de sendas demandadas del Gobierno y del Ministerio Fiscal.

La reunión de la Sala Especial o Sala del artículo 61 se iniciará al día siguiente de que finalice el plazo para que ambos partidos, afines a la izquierda abertzale radical, presenten sus alegaciones finales de defensa, plazo que vence el día 10 según dijeron ayer fuentes del Supremo.

La Sala Especial del Tribunal Supremo, integrada por 16 magistrados, está encabezada por el presidente del alto tribunal, Francisco Hernando Santiago, que debe seguir en el cargo hasta la firma de las sentencias, en fechas posteriores al día 11. Dado que para cuatro días después, el 15 de septiembre, está prevista la solemne ceremonia de apertura del Año Judicial, la proximidad de fechas apunta a que, un año más, y por séptima vez, el actual presidente del Supremo pronunciará el discurso de apertura de los Tribunales.

La ceremonia de apertura del Año Judicial en el Palacio del Tribunal Supremo la preside cada año el Rey, con la asistencia del ministro de Justicia. Durante la misma, presentan su memoria anual el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, y el Fiscal General del Estado.

El año pasado ya suscitó malestar en la Magistratura el hecho de que la solemne ceremonia fuese abierta por un presidente en funciones, pero el bloqueo del PP a la renovación del Poder Judicial no dejó otra salida. Sin embargo, lo que nadie imaginaba entonces es que la situación pudiera reproducirse también este año y Hernando volviese a protagonizar, en contra de todas las previsiones, la apertura de tribunales por segunda vez en funciones.

Antes del verano, el PP y el PSOE cerraron el acuerdo de renovación, pero dejaron su materialización para primeros de septiembre. Parece que por entonces no contaban con que los procesos de ilegalización de ANV y PCTV se fueran a prolongar hasta mediados de septiembre. De hecho, la Sala Especial habilitó el mes de agosto para continuar los procedimientos, y tanto la Abogacía del Estado como el Ministerio Fiscal presentaron sus alegaciones finales en la primera decena del mes.

Después de ese trámite, el Supremo dio el correspondiente plazo de 20 días a PCTV y ANV para presentar sus alegatos finales de defensa, que hubiera debido concluir en los primeros días de septiembre. Sin embargo, parece que en pleno agosto se produjo algún retraso en las notificaciones, que ha determinado que el plazo expire el día 10.

Aunque en las previsiones de los partidos políticos la renovación del CGPJ podría materializarse en las dos primeras semanas de septiembre, la circunstancia de que el presidente del Poder Judicial lo sea a su vez del Tribunal Supremo aconseja posponer la renovación hasta después de la sentencia de la Sala Especial. La baza de retrasar la apertura del Año Judicial hasta después de las sentencias y de la renovación del CGPJ presenta la dificultad añadida de que habría que contar con el beneplácito de la Casa Real, ya que obligaría a modificar la agenda del Rey.