Ocho indigentes mueren en Tenerife en solo tres meses
Una ONG denuncia al Ayuntamiento ante la Fiscalía General del Estado
Ocho indigentes han fallecido en las calles de Tenerife en tan solo tres meses. El alarmante rosario de muertes ha provocado en la isla un debate social en torno a si es ético permitir que unas personas sin recursos vivan en la calle, aunque sea por voluntad propia. La Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar considera que no, y ha interpuesto una denuncia ante la Fiscalía General del Estado para denunciar la "muy grave" situación de los sin techo en la isla.
Siete de los indigentes fallecieron en las calles de la capital, Santa Cruz de Tenerife, y otro en el municipio de Icod de los Vinos. La primera de las muertes se produjo el pasado 1 de abril, cuando un hombre de 34 años, asiduo del Albergue Municipal, murió tras ser ingresado de urgencia en el Hospital de Nuestra Señora de la Candelaria. La noticia apenas tuvo eco en la prensa local hasta que, el 14 de abril, fue hallado muerto, en las inmediaciones del estadio de fútbol Heliodoro Rodríguez López, otro indigente, de origen polaco y de 50 años de edad. La última de las ocho muertes se produjo en el interior de un cajero automático del municipio de Icod de los Vinos.
Omisión de socorro
La denuncia de la Plataforma por la Dignidad de las Personas sin Hogar insta a la fiscalía a que investigue si se ha cometido un "presunto delito del deber de omisión de socorro" por parte del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife.
Eloy Cuadra, representante de la plataforma, ha insistido en que lo que está pasando es que existe falta "no solo de dinero, sino de voluntad política" para dar respuesta a personas que no siempre viven en la calle "de forma crónica", sino que se han visto abocadas a ello. También se pregunta cómo es posible que se produzcan tantos fallecimientos en las calles cuando el Instituto Municipal de Atención Social (IMAS) cuenta con 11 millones de euros de presupuesto.
El responsable, en funciones, del Área de Bienestar Social, Ignacio González, ha defendido el trabajo del IMAD y ha recordado que es inconstitucional obligar a cualquier ciudadano a abandonar la calle por la fuerza. Además, ha asegurado que en todo momento los servicios municipales han dispensado la necesaria asistencia a los indigentes. Pero sus palabras no han logrado acallar el debate, que se ha extendido por la isla. La decisión que adopte la fiscalía es el próximo capítulo de la polémica.
