La información dada por dos ministros a EE UU coincidió con actos posteriores de la fiscalía
El Gobierno y el fiscal general del Estado han negado los hechos relatados por la embajada de Estados Unidos en Madrid sobre el caso Couso. Aseguran que son "versiones de parte" con una amplia "carga de subjetividad", que jamás ningún miembro del Ejecutivo maniobró para cerrar el caso y que las reuniones de los fiscales con el embajador eran una mera cuestión de "cortesía diplomática" en las que solo se informaba de los pasos procesales que ya se habían dado. Sin embargo, algunas de las informaciones incluidas en los cables reflejan que en ocasiones el embajador Eduardo Aguirre supo con anterioridad, y no a posteriori, lo que iba a pasar.
El mismo día que el juez Santiago Pedraz dictó las primeras órdenes de busca y captura contra los tres militares estadounidenses implicados en la muerte del cámara José Couso, el 19 de octubre de 2005, los entonces ministros de Justicia (Juan Fernando López Aguilar) y Exteriores (Miguel Ángel Moratinos) llamaron al embajador Eduardo Aguirre -según se afirma en un cable del día 21-. Ante la primera medida de cierta gravedad adoptada en ese procedimiento, López Aguilar, que como ministro de Justicia nombra al fiscal general del Estado, dice que el Ejecutivo "pondrá todo su empeño en cuestionar la decisión del juez basándose en argumentos técnicos". Moratinos, siempre según el telegrama, afirma que si Pedraz solventa las cuestiones técnicas, el Gobierno apelaría.
Eso fue exactamente lo que sucedió. El fiscal Pedro Rubira recurrió la decisión el día 20 alegando falta de jurisdicción de los tribunales españoles; cuestionó que la causa se mantuviera "como diligencias previas tras más de dos años", que el juzgado no se hubiera pronunciado aún "sobre la admisión o no de la querella" y criticó que se pidieran las órdenes de busca y captura "como consecuencia de no haber sido atendidas dos comisiones rogatorias internacionales, lo que convierte el auto recurrido más en una represalia que en una consecuencia lógico-jurídica".
Cuando, el 7 de noviembre, el juez Pedraz admitió a trámite la querella, la fiscalía recurrió la decisión en reforma cuatro días más tarde y presentó un recurso de queja el 28. Tal y como habían asegurado López Aguilar y Moratinos, los fiscales se opusieron a que se investigaran los hechos insistiendo en una falta de competencia que no fue compartida después por el Tribunal Supremo.
Durante el Gobierno del PP, en 2003 y hasta marzo de 2004 -época de la que no hay cables filtrados-, el fiscal había recurrido también las decisiones de los jueces de impulsar la investigación. Los ex ministros implicados no han precisado aún si las conversaciones telefónicas del 19 de octubre no se produjeron -lo que supondría afirmar que el embajador Aguirre se las ha inventado- o si tuvieron lugar pero con un contenido distinto. López Aguilar ha desmentido en reiteradas ocasiones la veracidad de los relatos del embajador.
Aguirre hizo un resumen del caso Couso en mayo de 2007 para informar a la secretaria de Estado Condoleezza Rice antes de su visita oficial a Madrid en junio de 2007. En este telegrama es donde se señala que "el Gobierno de España ha ayudado entre bastidores a que la fiscalía apele las decisiones del juez". En este caso, el Ejecutivo aún no ha explicado si el embajador se inventó o exageró, para quedar bien ante sus superiores, una información que iba a ser contrastada por la propia Rice pocos días después.
