El informe sobre el 'caso Mari Luz' justifica el error judicial por la saturación del juzgado

El instructor del expediente al juez Rafael Tirado (responsable de que Santiago del Valle no entrara en prisión por abusar de su hija) cree que el retraso al tramitar la causa se justifica por la situación del juzgado, que tenía una plantilla "muy justa" y gran carga de trabajo. Así está recogido en un informe remitido al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en el que propone que Tirado sea sancionado con una multa de 1.502 euros por una falta grave de retraso injustificado y no por una falta muy grave, como propone el fiscal. La comisión disciplinaria del CGPJ estudiará ambas propuestas el próximo 10 de septiembre. Según fuentes del Consejo, si la comisión disciplinaria cree que los hechos constituyen una falta grave impondrá la sanción que estime, pero si concluye que es muy grave tendrá que remitir el asunto al pleno que es el competente para imponer la sanción.

Del Valle, presunto autor de la muerte de la niña de Huelva Mari Luz Cortés, fue condenado en noviembre de 2002 por el Juzgado de lo Penal número 1 de Sevilla, del que es titular Tirado, a dos años y nueve meses de prisión por abusar de su hija menor. Una sentencia que la Audiencia de Sevilla confirmó en diciembre de 2005 aunque la ejecutoria de la misma estuvo paralizada durante más de dos años y dos meses.

Esta sección (que debía tramitar los autos de ejecución de la pena de 21 meses de prisión por un delito continuado de abusos sexuales y un año por falsedad en documento oficial impuesto a Santiago del Valle por actos anteriores a la muerte de Mari Luz) presentaba carencias debido a la movilidad de los funcionarios que la atendían y la falta de experiencia de la secretaria más antigua.

Retraso justificado

El instructor del expediente abierto a Tirado es el presidente de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura, Wenceslao Olea, quien concluye que "ese retraso estaba justificado en la propia situación del Juzgado, el aumento de las ejecutorias y la caótica designación funcionarial. Añade que existían "más de 600 ejecutorias que habrían de controlarse sin dejar de atender los restantes trámites"

El juez reconoce en su informe que la ejecución de la sentencia contra Del Valle se demoró durante más de dos años y dos meses pero explica que el juez Tirado dictó dos autos que "de haberse ejecutado con diligencia habrían evitado el lamentable resultado de la demora". Aunque indica que a pesar de que el retraso estaba justificado, el juez estaba obligado a adoptar medidas especiales de vigilancia y control para dar las órdenes oportunas para evitarlo.

Rafael Tirado ha alegado que el control puntual de cada ejecutoria no le corresponde a él y que ha cumplido de forma completa con su función jurisdiccional.

Una falta muy grave

Por su parte, el fiscal discrepa con el instructor respecto de la gravedad de la actuación del juez y califica los hechos como una falta muy grave de desatención o retraso injustificado y reiterado en la tramitación de una causa cuyo castigo podría ser de suspensión hasta de 3 años, traslado forzoso o separación de la carrera.

Para el fiscal, tras la denegación de la suspensión de condena de Santiago del Valle y el correspondiente auto de ingreso en prisión, que no pudo ser notificado por encontrarse el condenado fuera de su domicilio, Tirado no adoptó ninguna resolución de búsqueda transcurriendo así más de dos años".