El instructor del Supremo prorroga hasta el 17 de septiembre el secreto del 'caso Gürtel'
El magistrado instructor del caso Gürtel en el Tribunal Supremo, Francisco Monterde, ha prorrogado el secreto de las actuaciones por un mes, hasta el 17 de septiembre, según un auto conocido ayer. El Supremo ha solicitado autorización para proceder contra el senador y tesorero del PP, Luis Bárcenas (que se apartó temporalmente del cargo), y contra el diputado Jesús Merino, para poder imputarles delitos de cohecho y contra la Hacienda Pública.
El instructor del Supremo justifica la prórroga del secreto en la subsistencia de las razones que lo motivaron, entre las que cita "las necesidades de la instrucción, la naturaleza de los delitos perseguidos y el carácter de las diligencias urgentes de prueba que se están practicando".
El magistrado menciona también la situación en que se encuentra el procedimiento en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que está en el origen de la causa especial que sigue el Supremo y que también está declarado secreto.
El auto del instructor añade que es necesario "continuar manteniendo el secreto total de las actuaciones, también para las partes", y a excepción del Ministerio Fiscal.
Monterde explica que la prórroga del secreto de las actuaciones no está prevista como tal en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, pero el Tribunal Constitucional ha señalado que esa laguna legal no impide al juez de instrucción proteger el valor constitucional que justifica el secreto del sumario si el plazo ha resultado insuficiente.
Sin embargo, esa misma sentencia del Constitucional también considera "inaceptable" que la prórroga del plazo máximo del secreto sumarial "ocasione, por sí sola y sin más condicionamiento, un resultado de indefensión".
Fuentes del alto tribunal han señalado que ese problema puede darse en hipótesis si las respectivas Cámaras atienden el suplicatorio cursado por el Supremo sobre una causa bajo "secreto total", incluso para Bárcenas y Merino y sus defensores.
Los diputados y senadores de las respectivas comisiones que tienen que estudiar los suplicatorios conocerían documentos de una causa secreta que en principio no conocen ni los propios "imputados provisionales".
