El jefe de Licencias de Villaverde niega haber agilizado el expediente de un supermercado

El jefe de Licencias de la Junta de Distrito de Villaverde, Eduardo Escribano Clemente, imputado en el caso Guateque, ha negado hoy ante el juez que instruye la supuesta trama de corrupción haber agilizado la tramitación del expediente de un supermercado situado en la calle de Las Lagunas de Neila. Según han informado fuentes jurídicas, Escribano, para quien el fiscal no ha pedido la adopción de ninguna medida cautelar, ha sostenido que su actuación ha sido correcta y que ha seguido la "tramitación habitual" en todos los expedientes que ha gestionado.

Durante su comparecencia, que ha durado más de una hora, Escribano ha negado todos los cargos que le imputan y, en concreto, ha asegurado que no tramitó "de manera urgente" la licencia del supermercado y, por tanto, que nunca cobró una comisión por ello.

Fuentes de la investigación han indicado que el nombre del jefe de Licencias de Villaverde aparece en una de las agendas que se requisó a los empresarios Eduardo Agustinos y Julián Rubén López, en las que figuran los pagos realizados por empresarios a los funcionarios municipales por la gestión en la tramitación de sus licencias.

Registro en Villaverde

Escribano ha explicado al magistrado que por "motivos profesionales" conoce a Victoriano Ceballos, presunto jefe de la supuesta trama de corrupción municipal dedicada a agilizar la concesión de licencias de todo tipo a cambio de dinero, quien ocupaba la Jefatura de la División de Impacto Ambiental de la Concejalía de Medio Ambiente.

La declaración de Escribano se ha producido después de que el pasado martes el juez ordenara el registro de la Junta Municipal de Villaverde para la obtención de nuevas pruebas en la investigación. El operativo comenzó entorno a las once de la mañana cuando media docena de guardias civiles inspeccionaron el despacho de Escribano e intervinieron varias agendas y discos duros de distintos ordenadores.

Aunque no fue detenido, el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid acordó ese mismo día citarle a declarar por su presunta vinculación a la red ilegal investigada desde marzo de 2007. Aunque no ordenó su detención, sí lo imputó por presuntos delitos de cohecho, prevaricación y tráfico de influencias.