El jolgorio de la independencia

No conozco a nadie que le guste que le bajen el sueldo o que la declaración de la renta le salga positiva, es decir, a pagar, así que comprendo que los jueces estén disgustados por la rebaja en sus emolumentos como consecuencia de la aplicación del Real Decreto Ley 8/2010 de medidas extraordinarias de reducción del déficit público que afecta a toda la Administración.

También reconozco que tienen derecho -como todos los afectados- a presentar "todos los recursos que la ley permita", como ya han anunciado varias de las asociaciones judiciales, contra el real decreto porque consideren que la disminución de sus salarios es "insolidaria, nada progresiva y muy superior a los cuerpos de la Administración con retribuciones similares". La mayoría de los jueces trabaja mucho y es razonable que exijan que el esfuerzo salarial que se les reclama "sea similar al que se solicita del resto de cuerpos del Estado". Y todo ello, a pesar de que siempre me chirríe que los magistrados como perjudicados puedan presentar sus recursos ante otros magistrados que también están afectados por la situación. Es decir, que es una forma de ser juez y parte, expresión que nunca será utilizada con mayor propiedad que en este caso.

La amenaza entra en el capítulo de los chantajes ridículos

Sin embargo, lo que roza el esperpento es que en los foros de discusión que tienen los jueces, un par de magistrados estén organizando una operación coordinada para que el próximo 10 de julio cientos de ellos presenten otras tantas peticiones de amparo al Consejo del Poder Judicial por verse perturbados en su independencia por la rebaja de sueldos.

La independencia es lo más sagrado para un juez, pero no es colectiva de todo el estamento judicial, sino individual, porque cada juez por sí mismo representa al poder judicial, y en realidad -como ocurre con el derecho a la información y los periodistas- es la expresión de un derecho de los ciudadanos. No es una prerrogativa de los jueces, sino un privilegio de los ciudadanos, que tienen derecho a tener un juez imparcial cuando les juzgan y la independencia tiene como fin garantizar que los jueces sean imparciales cuando ejercen su función jurisdiccional. Por eso, los jueces y magistrados no pueden pertenecer a partidos políticos o sindicatos, y tienen un régimen de incompatibilidades muy severo, aunque puedan agruparse en asociaciones judiciales para la defensa de sus intereses profesionales.

Ya ven que la independencia es algo importante y está bien afrontar lo importante con humor. Claro que dentro de un orden, porque unos cuantos creativos, que parece que protestan porque llueve, pretenden utilizarla como cuchufleta. Alegan que se sienten "inquietados o perturbados" en su independencia para forzar un pronunciamiento del Consejo del Poder Judicial, "sin perjuicio de practicar por sí mismos las diligencias estrictamente indispensables para asegurar la acción de la justicia y restaurar el orden jurídico". Y piden que todo el que vaya a recurrir la nómina reclame también el amparo del Consejo el 10 de julio, porque si lo piden unos pocos no tendrá el efecto deseado, mientras que si lo presentan muchos, el Consejo tendrá que dar una respuesta. ¿Qué es esto, un jolgorio de independencia judicial colectiva?

Con gran sentido jurídico, agregan que la independencia judicial no se limita al momento de la decisión jurisdiccional, sino que requiere toda una serie de condicionamientos para que sea realmente efectiva y que uno de esos contenidos instrumentales es la independencia económica, que debe de estar guiada por el principio de estabilidad.

Seguramente, todos estaríamos de acuerdo en principios como esos, recogidos en la Ley Orgánica del Poder Judicial, pero que en el momento de crisis que atravesamos, algunos jueces amenacen con perder la imparcialidad porque les han bajado el sueldo, entra más en el capítulo de los chantajes ridículos que en el de las medidas de presión con sentido común, que seguramente es lo que pretenden.

No quiero ni pensar en qué se les puede ocurrir si les quitan la plaza de aparcamiento, el coche oficial o la escolta.