Seis jueces del Constitucional desmienten los motivos del PP para recusar a tres de ellos

Los seis magistrados del Tribunal Constitucional que participaron en la reunión del pasado 12 de junio en el despacho de la presidenta María Emilia Casas, y en la que, según una información de El Mundo, tres de ellos se habrían mostrado favorables a la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), han remitido una carta al presidente en funciones del pleno, Vicente Conde Martín de Hijas, en la que desmienten esta versión, que sirvió al PP para sustentar la recusación contra tres jueces progresistas.

Entre los firmantes de la carta se encuentran el vicepresidente Guillermo Jiménez y Ramón Rodríguez Arribas, ambos del sector conservador, presentes en dicha reunión y que junto a los demás aseguran que la información de El Mundo no se corresponde con la realidad.

El texto de la carta es breve, de una decena de líneas, y pretende poner en conocimiento del presidente en funciones, Vicente Conde, que las recusaciones del PP contra los jueces del sector progresista Pascual Sala, Manuel Aragón y Pablo Pérez Tremps se sustentan sobre la falsa premisa de que estos magistrados habrían dado muestras de apoyo a la reforma de la LOTC y, en particular, a la prórroga de la presenta María Emilia Casas al frente del tribunal. Tales muestras de apoyo son las que, según el PP, les invalidarían para enjuiciar la reforma.

La carta dirigida a Conde asegura, por el contrario, que ninguno de los reunidos se pronunció sobre el fondo de la ley, sino que se dieron por enterados de que con la entrada en vigor de la reforma a finales de mayo, y coincidiendo con que el 16 de junio finalizaba el mandato de la presidenta y el vicepresidente, quedaba automáticamente prorrogado el mandato de ambos, en aplicación del nuevo artículo 16.3 de la LOTC.

El 12 de junio, la presidenta citó en su despacho a los magistrados por tercios, según el orden de menor a mayor antigüedad en el tribunal. Lo hizo así para no tener que convocar el pleno y que los magistrados tuvieran que pronunciarse formalmente. En esa fecha faltaban cuatro días para que expirase el mandato de Emilia Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez. A la primera reunión asistieron los magistrados más modernos: los progresistas Pascual Sala, Pablo Pérez Tremps y Manuel Aragón y el conservador Ramón Rodríguez Arribas, además de la presidenta Casas y el vicepresidente Guillermo Jiménez.

Fue en esa reunión en la que, según la versión recogida por El Mundo, los tres progresistas se habrían mostrado "favorables a la reforma de la ley" y habrían "anticipado su acuerdo" con la prórroga del mandato de Casas.

Según las fuentes consultadas por este periódico, en realidad fue la presidenta la que comunicó a los magistrados su intención de seguir al frente del tribunal, y evocó los precedentes de Francisco Tomás y Valiente -cuyo mandato fue prorrogado por el pleno- y Álvaro Rodríguez Bereijo, prorrogado automáticamente sin que ni siquiera el pleno se reuniese. Así, les comunicó su decisión de que en aplicación de la reciente reforma de la LOTC, iba a seguir ejerciendo el cargo de presidenta. El conservador Rodríguez Arribas fue el único que reaccionó. Pidió a la presidenta que dimitiese, para que fuese el pleno el que procediese a su elección, en vez de utilizar la prórroga del mandato que introdujo el artículo 16.3 de la LOTC.

A la segunda reunión asistieron los magistrados progresistas Eugeni Gay y Elisa Pérez Vera y el conservador Javier Delgado Barrio. Tenía que haber asistido también Roberto García-Calvo, pero ese día no se encontraba en el tribunal. Los asistentes a esa segunda reunión asintieron a que la presidenta siguiera y nadie pidió su dimisión ni denunció nada.

Al enterarse García-Calvo de la tanda de reuniones, acudió al día siguiente, 13 de junio, al despacho de la presidenta, acompañado de Jorge Rodríguez-Zapata. Ambos magistrados, los más conservadores del tribunal, protagonizaron un duro encuentro con Casas, en el que exigieron a la presidenta que dimitiese para que fuera el pleno el que la nombrase. La conversación se desarrolló por los mismos cauces que recoge la carta que ambos dirigieron a la presidenta el 22 de junio: profunda discrepancia con la reforma, ilegitimidad de Casas para seguir en el cargo, falta de cobertura legal para la prórroga del mandato, etcétera.

A la última reunión con Casas y Jiménez asistió sólo Vicente Conde, puesto que Rodríguez-Zapata ya había expresado su parecer el día anterior. Casas dio cuenta a Conde de su intención de seguir al frente del tribunal y el magistrado no dijo nada.

Las reuniones del 12 de junio y los días siguientes tuvieron su antecedente en una reunión de todos los magistrados del tribunal en el parador de Sigüenza a finales de mayo, a la que también asistieron algunos letrados. Sin embargo, allí nadie habló de la prórroga del mandato de la presidenta ni del nuevo sistema de nombramiento de los magistrados del Senado. De alguna forma, flotaba en el ambiente un previsible recurso contra la reforma de la ley por parte del PP, por lo que se eludieron los aspectos más polémicos de la norma.