Siete jueces decanos apoyan la propuesta de huelga en junio

Los jueces decanos de las principales ciudades, salvo Madrid, firmaron ayer un documento de apoyo a las cuatro asociaciones judiciales que han pactado convocar una huelga el 26 de junio si el Gobierno no atiende sus demandas. Los decanos de Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga, Zaragoza, Bilbao y Palma de Mallorca apoyaron las reivindicaciones de los magistrados "para escenificar la unidad de la carrera judicial al reclamar mejoras", resumió uno de ellos. El de Madrid, José Luis González Armengol, no firmó el documento porque entiende que deben ser los jueces, en las juntas de jueces previstas para el día 21, quienes decidan las medidas a adoptar y cuándo. Señaló que, aunque no firmó el escrito, comparte las posiciones de sus colegas, aunque cree que deben incluirse "otras peticiones".

El texto suscrito ayer por los decanos dice así: "Los jueces decanos mostramos nuestra conformidad a la tabla de reivindicaciones en mejora del servicio público y al calendario de movilizaciones de la comisión interasociativa permanente", rezaba el documento consensuado, según uno de los firmantes. Los magistrados exigen al Gobierno redefinir la carga máxima de trabajo, mantener la facultad de señalar juicios y vistas, la supresión del traslado forzoso por ascenso y una mejora salarial. De este modo, los decanos apoyaron ayer los actos de protesta para el próximo 18 de febrero y la huelga el 26 de junio, pero al mismo tiempo dieron una tregua al Gobierno al distanciarse de los magistrados que reclaman adelantar la huelga a febrero.

"Servicio de calidad"

"Hemos considerado muy positivo el documento aprobado por las cuatro asociaciones judiciales porque hay que aunar esfuerzos. Queremos prestar un servicio público de calidad, las reivindicaciones económicas tienen un papel secundario", matizó el juez decano de Málaga, Manuel Caballero Bonald. El juez decano de Barcelona, José Manuel Regadera, explicó a Efe que estas reclamaciones salariales incluso "se pueden suprimir". "Somos conscientes de la situación económica del país", añadió.

El presidente del Tribunal Superior de Andalucía, Augusto Méndez de Lugo, se distancia de los decanos: "La confrontación entre los poderes ejecutivo y judicial pone en peligro el Estado de derecho. Los jueces tienen recortados sus derechos, entre ellos el de huelga".