El juego del ratón y el gato
Las demandas de ilegalización del Partido Comunista de las Tierras Vascas (EHAK en euskera) y Acción Nacionalista Vasca (ANV) presentadas la pasada semana ante la Sala Especial del Supremo por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General han iniciado la vía procesal civil -regulada por la ley de partidos (LOPP) de 2002- para solicitar la disolución de ambas formaciones por sus relaciones de subordinación respecto a Batasuna, ilegalizada en 2003 -también sus posibles marcas fraudulentas sustitutorias en el futuro- por el alto tribunal.
En paralelo, el ministerio público se ha dirigido igualmente al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional (cuyo titular es el magistrado Baltasar Garzón) para emprender ese mismo camino por la vía penal: el delito del que acusa la fiscalía a PCTV y ANV es su incardinación en el "complejo terrorista" dirigido por ETA.
Desde su ilegalización en 2003, Batasuna intenta concurrir a las elecciones bajo diferentes disfraces
Si bien la vía penal suele tener preferencia -prejudicialidad- sobre la vía civil cuando ambas se ocupan del mismo asunto, el artículo 10.6 de la LOPP establece que la coincidencia temporal de ambos procedimientos judiciales no interferirá su respectiva continuidad por separado hasta la conclusión. Sin embargo, esa coexistencia pacífica podría terminar enturbiada por resoluciones contradictorias procedentes de las distintas jurisdicciones. Dos respuestas diferentes a la petición de suspensión cautelar del derecho de EHKA y ANV a presentar candidaturas el 9-M (el artículo 11.8 de la LOPP se lo permitiría al Supremo y el artículo 129 del Código Penal, al juez Garzón) servirían de piedra de toque al respecto.
Los precedentes históricos, políticos y jurídicos respaldan las solicitudes de ilegalización de EHAK y de ANV. Es un hecho probado en los tribunales que ETA puso en marcha desde comienzos de los ochenta una estrategia que le permitiera estar presente, mediante disfraces y encubrimientos a ser posible legales, en todos los ámbitos posibles de la sociedad vasca. La dirección de la banda terrorista no se limita a controlar las redes logísticas, los depósitos de armamento y los comandos especializados en asesinatos y atentados. También adopta las decisiones últimas -transmitidas generalmente a través del mecanismo de la doble militancia- en el seno de las organizaciones que defienden sus objetivos en los parlamentos, diputaciones y ayuntamientos del País Vasco y Navarra, provocan los desórdenes públicos de la kale borroka, realizan las campañas de amnistía en favor de los presos condenados por terrorismo, adoctrinan a sus seguidores a través de periódicos, revistas y libros, llevan a cabo recaudaciones en las herriko tabernas y facilitan la financiación de la banda mediante las extorsiones del impuesto revolucionario.
Las pioneras instrucciones sumariales del juez Garzón y algunas sentencias dictadas por la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Supremo sitúan las fronteras de ETA mas allá del núcleo perpetrador de los crímenes: la trama civil sometida a las órdenes de los jefes militares de la banda -camuflados a veces dentro de la organización desdoblada- forma igualmente parte de la estructura de ETA en sentido propio y no como sinécdoque. La terca resistencia del PNV a admitir esa obviedad judicialmente probada sólo puede ser fruto de la cerrazón ideológica o del fingimiento político.
La obstinada negativa del nacionalismo institucional a la ilegalización de los partidos o agrupaciones electorales de la llamada izquierda abertzale suele invocar el dato cierto de los 150.000 votos que suelen respaldarlos. El escrito de la abogacía del Estado arguye, sin embargo, que la expresión izquierda abertzale no es una denominación académica o teórica, ni tampoco un rótulo social o electoral, sino una marca identificadora de la trama ideológico-política articulada en torno al independentismo violento de ETA.
Tras la ilegalización dictada hace cuatro años, Batasuna se dedicó al juego del ratón y el gato con el Estado en las municipales de 2003, las europeas de 2004, las autonómicas de 2005 y las municipales de 2007. El ingenio de la organización terrorista para saltarse a la torera la interdicción de concurrir a las urnas obtuvo resultados desiguales. El ratón cayó en la trampa de la LOPP varias veces pero finalmente burló al gato en dos ocasiones: EHKA logró nueve escaños en el Parlamento de Vitoria y ANV conquistó 457 concejales en los comicios de 2007.
Sea cual sea la causa de su demora (el oportunismo político, según los populares, o el legalismo jurídico, según los socialistas), el Gobierno ha iniciado demasiado tarde el proceso de ilegalización de EHAK y ANV para que la sentencia pueda ser dictada antes del 9-M; la renuncia al cauce procesal de la ejecución de la sentencia de disolución de Batasuna -y de sus continuadores en fraude de ley- refuerza esa conclusión. El gato atraparía al ratón, sin embargo, si el Supremo -por la vía civil- y el juez Garzón -por la vía penal- suspendieran el derecho de ambos partidos a concurrir a las urnas.
