El juez Andreu sigue con la investigación contra Israel por un bombardeo contra Gaza en 2002

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha decidido proseguir con la investigación sobre el bombardeo israelí en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 que costó la vida a 14 civiles además de al líder de Hamás Salah Shehadeh, objetivo de la operación, informa Manuel Altozano. Andreu, tras analizar la documentación aportada por Israel, considera, según señalan fuentes jurídicas, que no existe ninguna investigación criminal abierta en ese país. El magistrado ha imputado al ex ministro de Defensa israelí Benjamín Ben-Eliezer y a otros seis cargos militares a sus órdenes por un presunto crimen contra la humanidad.

En el escrito enviado al juez y al que ha tenido acceso este periódico, el Gobierno israelí defiende en primer lugar que la acción militar perseguía "proteger a sus ciudadanos ante grandes actos de terror del grupo terrorista Hamás". El Ejecutivo israelí, a través del Fiscal del Estado, puntualiza además que Israel cuenta con "mecanismos independientes" para revisar la acción del Gobierno, incluida la de las IDF (nombre con el que se conoce a las Fuerzas Armadas israelíes).

"Proporcionalidad y distinción"

Las respuesta israelí al requerimiento de Andreu considera que las acciones legales emprendidas en España son "inapropiadas" y van contra la "soberanía" del país, el "principio de subsidiaridad", según el que el Estado en donde se producen los hechos debe ser el primero que los investigue, y el "principio de complementariedad" que prevé que otro Estado investigue los hechos siempre y cuando el primero no sea capaz o no esté dispuesto a hacerlo. El escrito aclara que las consecuencias del ataque contra Shehadeh fueron investigadas por la Fiscalía militar primero y, después, el Fiscal General del Estado, que desestimó abrir un proceso criminal por considerar que, a pesar de la "trágica pérdida de vidas civiles", el bombardeo había respetado las leyes de la guerra y los principios de "distinción y proporcionalidad".

La denuncia de la ONG Yesh Gvul contra las actuaciones de las diferentes fiscalías llevó el caso al Tribunal Supremo israelí que, no obstante, rechazó el pasado 23 de diciembre considerar la apertura de ua investigación criminal. La Corte reconoció sin embargo el error en el cálculo militar debido a la información de los servicios de inteligencia. Actualmente, según el escrito en poder del juez Andreu, una comisión estatal investiga el llamado caso Shehadeh. La decisión de esta comisión podría ser recurrida ante la justicia, según defiende Israel ante el requerimiento del magistrado español.

Admisión de la querella

El pasado 30 de enero, Andreu admitió a trámite la querella presentada por el Centro Palestino de Derechos Humanos contra el ministro Ben-Eliezer, el jefe de la fuerza aérea, Dan Halutz, el general del mando sur del Ejército, Doron Almog, el asesor de seguridad Giora Eiland, el secretario militar del ministro, Michael Hertzog, el jefe de Estado Mayor, Moshe Ya'Alon, y Abraham Dichter, director del Servicio General de Seguridad. Tras la admisión a trámite de la querella, el Gobierno israelí, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores español, envío la documentación que el juez ya había solicitado en agosto de 2008 en comisión rogatoria.

El ataque tuvo lugar el 22 de julio de 2002 y tenía como objetivo acabar con la vida del dirigente de Shehadeh. Para ello se utilizó un caza F-16 del Ejército israelí que lanzó una bomba de una tonelada sobre su vivienda en el barrio de Al Daraj de la ciudad de Gaza, una de las zonas residenciales más densamente poblados de la ciudad, según la resolución. El proyectil causó 15 víctimas mortales y 150 heridos. Su explosión alcanzó de lleno a la familia cuyos siete miembros fallecieron.

El siguiente paso, de acuerdo al auto del pasado 29 de enero del juez Andreu, es la notificación a través de comisión rogatoria enviada a Israel de la querella a cada uno de los denunciados.