Un juez del Supremo ve "espíritu de revancha" en la causa contra Garzón
La nieta de Negrín cree que el tribunal "trata de tapar un pasado molesto"
Uno de los compañeros de Luciano Varela -el instructor de la causa contra Baltasar Garzón- en la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Antonio Martín Pallín, considera que la admisión a trámite de las querellas por prevaricación contra el juez de la Audiencia Nacional puede responder "a la existencia de un espíritu de revancha". En la misma línea, Carmen Negrín, nieta del presidente del Gobierno republicano Juan Negrín, aseguró que el proceso "trata de tapar un pasado que molesta", lo que daña la imagen de la justicia española en el exterior.
En una entrevista en la Cadena SER, Martín Pallín aseguró que las querellas contra Garzón "nunca debieron admitise a trámite" en el Supremo porque la ley "obliga a los jueces a tutelar a los ciudadanos frente a denuncias infundadas permitiéndoles rechazarlas de plano cuando los hechos no tengan visos de delito sin necesidad de abrir una investigación".
El magistrado de la Sala Penal del Supremo comparó la investigación del juez de la Audiencia Nacional ahora encausado con las que se desarrollaron en los países que perdieron la II Guerra Mundial. "Alemania e Italia tuvieron problemas exactamente iguales a los nuestros", recordó Martín Pallín, que aseguró que la investigación del franquismo, por la que se enjuicia a Garzón, "trataba de investigar lo que en esos países se consideraron crímenes contra la humanidad".
Respecto al reproche del instructor Varela sobre que Garzón no siguió el criterio del fiscal en su investigación sobre las fosas, Martín Pallín adujo que "no tiene ningún fundamento", ya que el fiscal también se ha opuesto en varias ocasiones a la investigación contra Garzón que impulsa Varela.
Por todas esas razones, el magistrado considera que los ciudadanos pueden creer que el Supremo "actúa por espíritu de revancha" y que este proceso "puede deteriorar algo tan fundamental para el Estado de derecho como es el Tribunal Supremo". "En el extranjero nadie comprende lo que está pasando en España con Garzón", concluyó el magistrado.
También Carmen Negrín se mostró preocupada por la imagen que el caso pueda dar fuera de España. La nieta del ex presidente del Gobierno republicano, que fue parte en la causa contra Franco instruida por Garzón, aseguró que esa investigación "representaba una gran molestia, un peligro" para sectores de ultraderecha a los que "no interesa conocer lo que realmente pasó".
Mala conciencia
Negrín apuntó también a otros factores que pudieran impulsar a suspender al magistrado de la Audiencia Nacional. "Quieren deshacerse de un juez eficaz y que se ha ocupado de temas de corrupción. También quieren tapar el pasado porque no quieren conocerlo, porque molesta, porque debería dar mala conciencia", añadió.
Otro pronunciamiento destacado a favor del juez fue el del diputado de ICV, Joan Herrera, que consideró la posición del instructor Valera "indigna e indecente por querer sentar en el banquillo de los acusados a quien intenta juzgar los crímenes del franquismo". Herrera hizo estas declaraciones durante un homenaje a siete fusilados catalanes durante la dictadura.
"Malevolencia política"
Profesionales del Derecho y profesores universitarios hicieron públicos ayer dos nuevos manifiestos de solidaridad con Garzón. El primero, promovido por el abogado Ignacio Montejo, manifiesta "la convicción de que su actuación [la del juez de la Audiencia Nacional] ha estado siempre guiada desde la preocupación por el destino de las víctimas y lejos de una conciencia de actuar injustamente".
Los firmantes, entre los que se encuentra el catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, Joan Josep Queralt, subraya que "la distancia entre unas resoluciones jurídicamente discutibles (...) y una actuación prevaricadora es tan grande que sólo puede colmarse desde la malevolencia o desde razones políticas que no deben afectar a la independencia judicial".
También mostraron su apoyo al juez varios profesores andaluces que rechazan "una posible sanción" a Garzón, "máxime cuando se parte de una denuncia presentada por una asociación sobradamente conocida por su vinculación con el franquismo". "No se puede acallar la voz de quienes sufrieron esa represión inhabilitando a un juez por pretender investigar aquellos sucesos".
