Un juez acostumbrado a navegar entre tormentas
La elección de Pascual Sala pone por primera vez a un juez de carrera al frente del Tribunal Constitucional, al tiempo que el elegido es el primero que alcanza la tiara o triple corona de presidente del Consejo del Poder Judicial, del Tribunal Supremo y ahora del Constitucional.
Sala tiene una amplia experiencia en cargos de gobierno y ha capeado, un paso por detrás de su predecesora, María Emilia Casas, todas las tormentas que han zarandeado al tribunal en los últimos años, incluida su propia recusación por el Partido Popular, basada en una información falsa publicada por el diario El Mundo.
Anteriormente ya le tocó presidir el Consejo General del Poder Judicial más ingobernable de la historia, con un vicepresidente, José Luis Manzanares, permanentemente a la contra, y del que formaron parte personajes como los jueces Luis Pascual Estevill o Javier Gómez de Liaño, ambos condenados después por sus hazañas judiciales. Sala forzó la dimisión de Estevill, el juez más condenado de la reciente historia penal, cuando era inminente su procesamiento por prevaricación, detención ilegal y una larga lista de delitos. Al frente del Consejo también consiguió parar la revolución de la Sala de lo Civil del Supremo, que acudió una tarde en procesión a pedirle que plantease al Rey su mediación en uno de sus frecuentes conflictos con el Constitucional porque les habían revocado una sentencia. Aquel Consejo concluyó en una especie de autodisolución cuando Sala admitió la dimisión de seis consejeros, una vez transcurridos siete meses de su mandato sin que el organismo fuese renovado. Mientras tanto, por el Supremo circulaban los casos Filesa, GAL, papeles del Cesid y demás escándalos que sacudieron la última legislatura socialista de Felipe González.
La elección del progresista puede contribuir a pacificar el tribunal
La elección de Sala puede contribuir a pacificar la institución, aunque el voto en blanco de su contrincante, Manuel Aragón, alineado con los conservadores, haya deslucido la unanimidad del sector progresista en torno al nuevo presidente. Las malas relaciones entre Sala y Aragón, exacerbadas por las deliberaciones sobre el Estatuto de Cataluña, hacían imposible un entendimiento: así como Aragón no ha votado por Sala, este tampoco lo hubiera hecho por su oponente. Al menos, el desencuentro no ha concluido, como en alguna otra ocasión, con la presidencia cambiando de bando y cayendo en el sector conservador.
Aragón queda como el gran perdedor de esta crisis, pero su autoridad como catedrático de Derecho Constitucional sigue siendo innegable y sumamente necesaria para los asuntos que el tribunal tiene pendientes. En particular, en los recursos contra la ley del aborto y la del matrimonio homosexual, en los que es previsible un cambio de bando del flamante y muy católico vicepresidente Eugeni Gay. Al menos en el tema del aborto, Gay ya dejó sentada su posición al votar a favor de dejar en suspenso la norma impulsada por el Gobierno socialista.
La trayectoria de Pascual Sala como magistrado constitucional ha estado inequívocamente del lado de las tesis más progresistas. Votó a favor de archivar el recurso del PP contra el plan Ibarretxe y las cuestiones de inconstitucionalidad sobre la ley del matrimonio homosexual. Apoyó la constitucionalidad del Estatuto de la Comunidad Valenciana y de la ley de paridad electoral, y la sentencia sobre los derechos y deberes de los extranjeros en España.
Fue ponente de la sentencia que rechazó casi dos centenares de cuestiones de inconstitucionalidad elevadas por jueces y magistrados contra la ley de violencia de género, de la que discreparon cinco magistrados del sector conservador. Menos popular fue la sentencia que absolvió, por prescripción, a Alberto Cortina y Alberto Alcocer de tres años y medio de cárcel estafa y falsedad en el caso Urbanor.
Sala se posicionó a favor de la reforma de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que prorrogó el mandato de la presidenta María Emilia Casas y en la sentencia del Estatuto de Cataluña, votó en contra de llevar al fallo la ineficacia jurídica del término "nación".
