La juez acusa a Carlos Fabra de un delito de falsificación penado con cárcel

El presidente de la Diputación y del PP provincial de Castellón, Carlos Fabra, está cada vez más cerca de sentarse en el banquillo de los acusados. La responsable del juzgado número 2 de Nules (Castellón) considera que hay indicios racionales de "un delito de falsedad documental" cometido por Fabra y otros ocho implicados en una trama para conseguir, mediante falsificaciones, la autorización para comercializar plaguicidas ilegales. El delito del que es acusado el presidente de la Diputación de Castellón puede ser castigado con penas de inhabilitación y prisión de hasta seis años.

La juez, que da por finalizada la fase de diligencias previas cinco años después de iniciadas, en 2004, ha emitido un auto de incoación de procedimiento abreviado para que "en un plazo de 10 días" la Fiscalía Anticorrupción y la acusación particular soliciten la apertura del juicio oral, el sobreseimiento del caso o, "excepcionalmente", nuevas diligencias de investigación.

El,dirigente popular medió para conseguir los permisos con sellos y firmas falsos

Anticorrupción dispone de 10 días para solicitar la apertura de juicio

El delito de falsificación de documentos que le atribuye a Fabra la responsable del juzgado número 2 de Nules está relacionado con la investigación que se sigue en el juzgado número 1 de esa localidad, que lleva el grueso del caso Fabra. Sin embargo, la Audiencia de Castellón rechazó a finales del pasado marzo que se acumulasen las dos causas al considerar que eran "hechos diferentes con imputaciones distintas".

Fraude fiscal

Así, el juzgado número 1 investiga si Fabra medió ante la Administración pública para acelerar las autorizaciones para fabricar plaguicidas, y si cobró por ello. Además, instruye también las diligencias por presunto fraude fiscal tras la denuncia de la Agencia Tributaria. El juzgado número 2 ha investigado si los informes que fueron presentados ante el Ministerio de Agricultura y que sirvieron para lograr las autorizaciones para comercializar los productos fitosanitarios, fueron falsificados.

La juez del número 2 de Nules, en el auto firmado el pasado 29 de abril y comunicado ayer a las partes, halla indicios de "un delito de falsedad documental" de Carlos Fabra, el empresario Vicente Vilar y sus ex esposas, María Amparo Fernández y Montserrat Vives, respectivamente. Además, cita a otros cinco imputados: Hadmi El Azouzi, Mohamed Chakir (encargados materiales de las falsificaciones), el impresor Manuel Martínez Martí y los cargos de la Administración Vicente Sánchez Peral (ex subdelegado del Gobierno de Castellón) y Domingo Cadahía (ex director adjunto de Sanidad Vegetal en el Ministerio de Agricultura).

El auto judicial describe con detalle la forma de actuar de la trama con el objetivo de conseguir de forma fraudulenta los permisos para comercializar unos plaguicidas sospechosos. Los imputados, "puestos de común acuerdo y con ánimo de lucro", habrían "falsificado cuños, análisis químicos, sellos y firmas" de productos fitosanitarios y los habrían presentado "a sabiendas de su falsedad" ante el Ministerio de Agricultura, "con el fin de agilizar y obtener las autorizaciones" de diversos plaguicidas "procedentes de una empresa asiática que no reunían los requisitos legales para su comercialización" en España.

La juez dice que "las falsificaciones fueron encargadas" por las ex esposas de Carlos Fabra y de Vicente Vilar, el empresario que posteriormente denunció a Fabra por cobrarle comisiones millonarias a cambio de sus gestiones en los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que fabricaba. Las dos mujeres habrían realizado esas gestiones a través de la empresa Artemis 2000, cuya propiedad compartían al 50%, aunque Vilar aseguró en su día que, en realidad, él y Fabra eran los dueños la firma y tomaban las decisiones.

La juez explica que esas falsificaciones fueron "realizadas materialmente por Hadmi El Azouzi y Mohamed Chakir", mientras que "los sellos fueron falsificados y vendidos por Manuel Martínez Martí", propietario de una imprenta en Castellón, y "remitidos a través de Carlos Fabra" al entonces subdelegado del Gobierno en Castellón, Vicente Sánchez Peral, ya fallecido, que a su vez los enviaba al director adjunto de Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Domingo Cadahía, para su legalización.

El auto y las actuaciones han sido remitidos al fiscal Anticorrupción, Luis Pastor Mota -que fue asesor del Ministerio de Justicia con José María Michavila y de Exteriores con Abel Matutes-, y a las acusaciones personadas, para que en el plazo de 10 días soliciten la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa o, excepcionalmente, diligencias complementarias del caso.

Ésta es la primera de las causas abiertas contra Carlos Fabra en los juzgados de Nules que concluye el proceso de diligencias previas de investigación. El resto del caso Fabra se investiga en el juzgado número 1 de Nules.