El juez acusa a altos cargos en la época de CiU de cobrar comisiones a constructores

Pasqual Maragall se quedó muy corto cuando en febrero de 2005 acusó a CiU de cobrar comisiones del 3% en las obras públicas que contrataba. Un juez de Barcelona considera que en 2003 un constructor pagó comisiones del 20 % cuando trabajó para Adigsa, una empresa de la Generalitat de Cataluña que rehabilita viviendas sociales. Todos los directivos de Adigsa de aquella época están a un paso de sentarse en el banquillo después de que el juez les haya acusado de malversación de caudales públicos, fraude, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento oficial y mercantil.

El órdago que el entonces presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, lanzó a CiU apenas duró unos minutos porque los nacionalistas amenazaron con romper la baraja para reformar el Estatuto. Sin embargo, ajeno a esos vaivenes políticos el fiscal jefe de Cataluña de la época, José María Mena, abrió diligencias al día siguiente. Solicitó del tripartito toda la documentación necesaria para verificar la acusación realizada por Maragall y recibió centenares de documentos intrascendentes. Al final, la investigación quedó limitada a la empresa pública Adigsa, que había pasado a manos de Iniciativa per Catalunya Verds con el cambio de Gobierno.

La fiscalía se querelló y ahora, al cabo de dos años, el Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona ha dado por concluida la investigación y ha dictado un auto en el que aprecia la existencia de indicios de diversos delitos. El juez responsabiliza a ocho personas, entre ellas los máximos responsables de Adigsa entre 2002 y 2004, cuando sucedieron los hechos.

Ferran Falcó y Josep Antoni Fondevila, en aquella época presidente y consejero delegado de Adigsa, respectivamente, figuran entre esa relación de imputados. Falcó es actualmente primer teniente de alcalde por CiU en el Ayuntamiento de Badalona. Del mismo modo, el juez imputa al arquitecto Jordi Huguet, director técnico de Adigsa, así como al responsable económico de la compañía, Xavier Sala.

El auto judicial, al que ha tenido acceso EL PAÍS, relata numerosas irregularidades en el proceso administrativo de concesión de las obras para rehabilitar las viviendas de Adigsa. En teoría debía elegirse entre tres ofertas posibles, pero en la práctica se concedieron a dedo a pequeños constructores a cambio del pago de comisiones y sin cumplimentar el trámite administrativo necesario y legal.

El juez describe que José María Penin era "la persona alrededor de la que giraban todos los hechos objeto de investigación, así como las irregularidades que se producen en relación a los expedientes de contratación". Penin nunca estuvo contratado por Adigsa, pero era quien "contactaba con los empresarios" y simulaba tener "cierto poder" en la empresa, afirma el juez. Era Penin quien llevaba a los empresarios a ver los pisos a rehabilitar y quienes les entregaba las llaves para que se iniciasen las obras "sin realizar ningún tipo de expediente previo".

La resolución judicial explica que Penin hacía empezar las obras a los empresarios con carácter de urgencia dentro del marco del llamado Pla Jove, "ideado y creado con la finalidad de captación de votos por el partido en el Gobierno autónomo, Convergència i Unió". Cuando las obras se estaban acabando o ya estaban acabadas, sigue relatando el magistrado, "se hacía toda la documentación del expediente de forma ficticia, como si hubiera habido ofertas de varias empresas con la finalidad de darle apariencia legal". Siguiendo su relato de los hechos, el juez precisa que fue precisamente Penin quien le pidió al constructor autónomo Juan Antonio Salguero Sánchez "que cargue en las facturas que confeccione un 20% más de lo que correspondería". De esta manera, el juez asegura que Penin y su cuñado, el también imputado Jordi Honrubia, cobraron a Salguero "comisiones por importe de 60.000 euros".

También asegura que Honrubia facturó 48.000 euros por una obra realizada por Salguero y que se intentó que el también constructor A. Jiménez abonase 3.000 euros en concepto de comisión por cada uno de los pisos que se le adjudicaban para rehabilitar.

Cuando la fiscalía abrió diligencias, Penin declaró que el entonces consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Felip Puig, ahora portavoz de CiU en el Parlamento catalán

estaban al corriente de lo que sucedía en Adigsa. También explicó que los hechos eran conocidos por Oriol Pujol Ferrusola, hijo del ex presidente de la Generalitat. Sin embargo, cuando meses después compareció ante el juez, Penin se desdijo y exculpó a Puig.

El juez considera probado que Penin cobró de Adigsa 28.895 euros entre los meses de abril y octubre de 2003 por tasaciones de viviendas no realizadas. Añade el magistrado que Penin era la persona que debía realizar las tasaciones de las obras que se tenían que realizar en las viviendas que gestiona Adigsa, pero no consta que se haya realizado ninguna de ellas.

La resolución del Juzgado de Instrucción número 3 de Barcelona está fechada el 28 de junio, pero no fue notificada a las partes hasta hace apenas unos días. Las defensas anunciaron ayer que presentarían recurso contra esa decisión y que reclamarán del juez que se practiquen nuevas pruebas. Primero, ante el propio juzgado y posteriormente ante la Audiencia de Barcelona. Mientras no se resuelvan esos recursos la tramitación judicial del caso quedará paralizada. Esa función de retraso en el proceso judicial es la que en la práctica comporta prácticamente siempre la presentación de esos recursos, que acaban siendo rechazados.

Si en esta ocasión vuelve a ocurrir lo mismo, la fiscalía tendría entonces despejado el camino para presentar escrito de acusación y pedir la apertura de juicio oral. El juez atenderá entonces la petición y los ocho acusados se sentarán en el banquillo para responder de su actuación.