Un juez afín al PP endureció el auto del chivatazo sin permiso de sus colegas

El magistrado de la Sala Penal de la Audiencia Nacional Enrique López, ex portavoz conservador del Poder Judicial y candidato del PP al Constitucional, endureció el pasado lunes, sin el acuerdo de sus compañeros de tribunal, la resolución que obligó al juez Baltasar Garzón a practicar tres pruebas solicitadas por la Asociación Dignidad y Justicia en el caso del chivatazo. López incluyó en la resolución sin permiso de sus colegas Ángel Hurtado y Julio de Diego frases que afirmaban que el soplo a ETA era "de una gravedad sin precedentes en la historia de la lucha contra el terrorismo", por lo que llamaba al juez a "agotar la investigación hasta los extremos que fueran necesarios".

La actuación del magistrado conservador ha causado un hondo malestar entre sus compañeros de la Sala Penal. Fuentes jurídicas aseguraron que López fue obligado por Hurtado y De Diego a rebajar el tono del borrador que inicialmente les presentó. Sin embargo, López habría colado esas frases que endurecían el texto sin la aprobación de sus dos colegas, que firmaron el auto en la confianza de que López, el encargado de redactarlo, habría recogido con exactitud sus posiciones. El magistrado afectado niega que hubiera endurecido el texto y asegura que se ciñó a lo pactado con sus compañeros de tribunal. Algunas fuentes señalan, sin embargo, que los magistrados que formaban sala junto a López habían sido advertidos de que ese incidente podía ocurrir.

Mientras, Garzón practicó ayer las pruebas que le había ordenado la Sala. El responsable del operativo policial hispano francés que debía efectuar las detenciones de Joseba Elosua, propietario del bar Faisán de Irún, y del resto de extorsionadores, C. G., declaró por tercera vez como testigo.

Aseguró que la suspensión del operativo no tuvo que ver con el soplo. C. G. dijo que la juez Levert condicionó la operación a que el contacto etarra de Elosua en Francia, José Antonio Cau, entrara en España. Como eso no ocurrió (fue Elosua quien se trasladó a Francia), decidió anularla.

El agente añadió que supo del chivatazo con posterioridad a la suspensión porque desconocía que el coche de Elosua estuviera balizado (vigilado con micrófonos) y que sólo cuando fue informado de ello y se escucharon las conversaciones que éste había mantenido desde el vehículo, lo conoció. C. G. volvió a ratificar su informe sobre el tráfico de llamadas entre el ex director general de la Policía, Víctor García Hidalgo; el jefe superior del País Vasco y un inspector de Álava que, supuestamente, habría pasado a Elosua el móvil desde el que se le advirtió de la operación.

Hipótesis

El informe sobre los pinchazos solicitado el martes por Garzón a la policía confirma que la cabina situada junto al bar Faisán desde la que, supuestamente, Elosua habría realizado varias llamadas, no estaba intervenida, por lo que los agentes no pudieron conocer esas conversaciones. Por su parte, los agentes de la Brigada de Información de San Sebastián aseguraron que durante la vigilancia que mantuvieron el día del soplo en el bar Faisán no vieron al inspector de Álava al que se imputa haber pasado el teléfono a través del que se realizó el soplo a Elosua por indicación de sus superiores. Fuentes de la Fiscalía aseguraron que ésta sigue siendo la principal hipótesis del caso que, sin embargo, permanece sin autor conocido, ya que Elosua no lo ha identificado.