La juez considera a Barrientos "máximo responsable" de la trama de Estepona

El auto del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Estepona por el cual se envió el pasado viernes a prisión incondicional al ya ex alcalde de la localidad, Antonio Barrientos (PSOE), le considera el "máximo responsable" de la trama de corrupción urbanística que se investiga en el marco de la operación Astapa. El documento destaca que el primer edil era el cabecilla de una red dedicada a "obtener fondos de promotores y empresarios" para financiar "actividades tanto públicas como privadas" y para "enriquecerse personalmente".

"De manera que indiciariamente el imputado, como alcalde de la localidad de Estepona, resultaría el máximo responsable de una estructura existente en el entorno del Ayuntamiento" orientada a " obtener fondos de distintos promotores y empresarios" con el fin de "financiar actividades tanto públicas como privadas de los partidos políticos en coalición", así como para "enriquecerse personalmente". Así consta en el auto de la juez que investiga el caso, Isabel Conejo, conocido ayer. El documento añade que "el poder del encartado en este caso resulta evidente teniendo en cuenta que se trata de una persona que por su posición dentro del Ayuntamiento y en su formación política goza de una gran influencia sobre el resto del Consistorio y empresarios de relevancia, por lo que podría llegar a interceder en las declaraciones de otras personas implicadas en los hechos o testigos".

En el auto de prisión contra Barrientos, al que le imputa los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación y blanqueo de capitales, se señala que una de las principales fuentes para obtener ingresos "era la infravaloración de los aprovechamientos urbanísticos, propiciando un notable incremento en la plusvalía en los promotores y empresarios a los que como contrapartida se les solicita el pago de cantidades de dinero". Para la juez, existen también indicios de que éste "ha permitido y realizado actividades de mediación en la contratación de numerosas personas por razones de titulación personal o afinidad política, sin seguir los cauces legalmente establecidos para ello"; así como que se realizó presuntamente contratación pública de obras y servicios "sin cumplir las exigencias legales y la concurrencia de interesados". El auto añade que "el imputado supuestamente ha destinado fondos públicos a usos ajenos a la función pública, pudiendo haber obtenido beneficios propios".

Vuelta al trabajo

Barrientos hizo ayer efectiva su dimisión irrevocable como regidor de la localidad a través de una carta que ha llevado al Ayuntamiento la concejal de Mujer, María Miralles. En ella el ex alcalde pide que se respete su derecho "a la presunción de inocencia". Fuentes de la defensa de Barrientos han asegurado que en los próximos días el hasta ahora alcalde tiene intención de escribir una carta abierta a los ciudadanos de Estepona. Antonio Barrientos, médico de 47 años, llegó a la alcaldía en abril de 2001, en virtud de un pacto de gobierno en contra del GIL -que era el más votado- y que suscribieron PSOE, PP, IU y el PA. Tomó posesión como alcalde y duró en el cargo poco más de seis meses al prosperar una moción de censura contra él del PP y de ex integrantes del GIL. No obstante, logró volver a la Alcaldía tras las elecciones de 2003 por un pacto con el Partido Estepona (PES) -grupo formado por los ex componentes del GIL y al que antes impidió gobernar- y con IU, al que se sumó después el PA y que acabó abandonando IU al discrepar con el alcalde.

Y en los comicios de 2007 encabezó la lista del PSOE, la más votada, aunque, al no alcanzar mayoría absoluta, pactó con PA e IU en un equipo al que se incorporó recientemente la única edil del grupo Estepona 2007 y ex alcaldesa del PP. Por su parte, el concejal de Urbanismo, Rafael Duarte (PSOE), ha anunciado que pone su cargo a disposición de su partido después de que se le imputen los presuntos delitos de prevaricación y cohecho. Duarte ha destacado que hay una clara diferenciación con el resto de concejales socialistas imputados en este proceso porque "no he sido detenido, ni tampoco mi domicilio ha sido registrado ni se me ha impuesto ninguna medida cautelar".

Duarte ha sido uno de los cinco concejales del PSOE, imputados por la trama de corrupción urbanística, que trabajaron ayer en sus cargos con normalidad, según fuentes municipales. Los otros cuatro, que se encuentran en libertad provisional con fianza, son el delegado de Economía y Hacienda y portavoz municipal, Francisco Zamorano; la titular de Playas, Marisa Rodríguez; y las responsables de Educación y Cultura, Mariví López y Asunción López, respectivamente. A estos cuatro últimos el PSOE les ha pedido que dejen su acta de edil o pasarían a ser "no adscritos". de momento el partido espera que se aclare la situación del concejal socialista de Urbanismo, Rafael Duarte. De los 26 detenidos en la operación Astapa contra la corrupción, cinco han ingresado en prisión, dieciocho han quedado en libertad provisional con fianzas de entre 15.000 y 500.000 euros y tres en libertad con cargos y sin fianza.