El juez demora la resolución sobre la petición de archivo de la querella contra Garzón

Varela incorpora nuevas pruebas a la investigación como los fusilamientos de Paracuellos y las normas de reparto en la Audiencia Nacional

Luciano Varela, juez instructor de la querella contra Baltasar Garzón por supuesta prevaricación en la investigación del franquismo, ha admitido que se incorporen a la investigación las alegaciones y las resoluciones del juez en la querella presentada en 1998 contra Santiago Carrillo por los fusilamientos de Paracuellos durante la Guerra Civil y que Garzón decidió archivar. El juez ha admitido esta y otras pruebas que retrasan la petición de archivo solicitada por Garzón y que impiden que quede acabada la instrucción.

El juez ha pedido además incorporar las normas de reparto de la Audiencia Nacional para comprobar la manera en que el juez asumió la competencia para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. De esta manera, el instructor admite la petición del sindicato ultraderechista Manos Limpias, que junto a la asociación Libertad e Identidad interpuso la querella contra el magistrado de la Audiencia Nacional, en un auto en el que afirma que la incorporación de las pruebas a las diligencias "no genera demoras".

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El magistrado afirma que la incorporación de estas nuevas pruebas en la necesidad de "completar la información sobre las circunstancias en que tuvieron lugar los hechos objeto de la querella. Además, en el auto hecho público hoy destaca que estas nuevas pruebas no "generan demoras innecesarias en la tramitación".

En cambio, Varela ha rechazado solicitar el contenido de una conferencia que Garzón dio en junio de 2008 en Bogotá (Colombia), en la que criticó la laxitud de la Convención de las Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada de Personas de 2006.

El sindicato Manos Limpias, sin representación en ningún centro de trabajo y dirigido por el ex responsable de Fuerza Nueva Miguel Bernad, y la Asociación Libertad e Identidad mantienen que Garzón se declaró competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo a sabiendas de que no lo era, por lo que cometió en un delito de prevaricación.

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