Un juez y un fiscal españoles investigarán en Portugal si ETA cuenta con una base

Un juez y un fiscal españoles viajarán a Portugal para integrarse en el equipo de investigación conjunto que va a rastrear la pista de ETA en el país vecino. La comisión indagatoria, con cuatro guardias civiles de los servicios antiterroristas, tendrá que determinar si la banda tiene una base estable en el Alentejo o en el Algarve o si simplemente ha utilizado el sur portugués de forma concreta y ya ha levantado el campamento. Ésta es la tesis que mantienen los investigadores lusos, para los que el alquiler de dos casas en Portugal no es razón suficiente para pensar que hay una base permanente.

La opinión generalizada en los servicios antiterroristas españoles es que ETA "sigue" en Portugal. La sospecha es que dos o tres etarras habrían pasado a Portugal haciéndose pasar por turistas españoles en una zona donde es fácil pasar desapercibidos. Allí habrían establecido una pequeña base, no más de una casa (posiblemente una villa de alquiler aislada), en el Algarve o el Alentejo, y habrían contado con la mayor facilidad para alquilar coches y viviendas que ofrece el país vecino del oeste. Se trataría, alegan las fuentes consultadas, de "algo pequeño" situado "en el sur del país".

La cosa no está tan clara para los portugueses. La Policía Judiciaria estima que no hay ni un indicio que apunte a que ETA tiene una célula o una "infraestructura sólida" en Portugal. Pero el alquiler de dos coches, uno arrendado en Lisboa y otro gestionado en Quarteiras y recogido en Oporto, "demuestra, es evidente, que estas personas tienen alguna capacidad para moverse en Portugal", declaró al diario luso Público el director de la PJ, Alipio Riberio. "Eso no lo podemos negar", agregó antes de asegurar que sus agentes ya investigan "desde hace mucho tiempo" la posible presencia etarra.

Por si acaso, los servicios portugueses han reforzado la vigilancia en el Alentejo y el Algarve, pero también en el norte del país, en la zona fronteriza con Galicia. Las autoridades lusas son conscientes de que el sur del país ha servido en ocasiones como zona de contacto y de consecución de documentos falsificados de algunos grupos de terrorismo internacional.

ETA, además, ya ha tocado en ocasiones el país y cuando alguno de sus miembros ha sido detenido allí su entrega a España se ha demostrado casi imposible, como demuestra el caso de José Luis Telletxea Maia, detenido en 1995 y que ha creado una maraña legal para impedir su entrega. El sanguinario José Luis Urrusolo Sistiaga ya usó Portugal para esconderse y, más recientemente, el comando Argala, el que perpetró el 4 de agosto de 2002 un atentado con bomba contra el cuartel de la Guardia Civil de la localidad alicantina de Santa Pola (en el que fallecieron una niña y un adulto) también pasó por Portugal. Nada nuevo.

Por otro lado, el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, aseguró ayer en Radio Nacional que el Gobierno instará la ilegalización de Acción Nacionalista Vasca (ANV) "sin dudar un segundo" en el momento en el que se tengan elementos que permitan demostrar ante los tribunales "que es parte de ETA". Rubalcaba indicó que la relación entre ANV y ETA es algo que "está encima de la mesa" y está siendo investigado por el fiscal y los jueces y advirtió de que "hay que tener seguridad jurídica" para instar su ilegalización porque "no se puede dar un paso en falso en un tema tan delicado como éste".

El ministro respondía así a la petición del presidente del PP, Mariano Rajoy, de ilegalización de ANV después de que la formación no condenase el atentado del pasado viernes en Durango. El ministro añadió que Batasuna tiene "autonomía cero" ante ETA, hasta el punto de que "no es capaz ni de encargar un café sin que ETA le dé permiso". "ETA nunca va a conseguir sus objetivos políticos con la violencia, pero tampoco por dejar la violencia", avisó. "ETA nos puede hacer mucho daño, pero sabe que no puede hacer más que eso, ganar nunca", subrayó.