El juez impone elevadas fianzas a los policías que urdieron el montaje sobre el 11-M
Del Olmo acusa a los agentes de poner en serio riesgo la investigación con sus filtraciones
El juez Juan del Olmo ha decretado la prisión eludible con fianza de 150.000 euros a cada uno de los dos policías, Celestino Rivera y Antonio Jesús Parrilla, encausados por delito de revelación de secretos que derivó en un montaje para relacionar los citados delitos con el atentado del 11-M y difundir la información falsa a través del diario El Mundo. Para sostener su acusación, el juez Del Olmo vuelve a remitirse a conversaciones grabadas durante la investigación en la que se prueba como la filtración de los policías iba dirigida a vincular los hechos con el 11-M pese a la ausencia de pruebas.
En los autos dictados por Del Olmo, en los que fija las fianzas para Celestino Rivera y Antonio Jesús Parrilla, se reproducen las conversaciones entre los dos policías y un periodista de El Mundo, que, a juicio del magistrado, evidencian la existencia de un delito de revelación de secretos de los que tenían conocimiento por su condición de policías y que ha causado un grave perjuicio a la causa pública.
En esas resoluciones se precisa que "el contenido de los artículos publicados los días 30 de noviembre y 1 de diciembre de 2006 en el diario El Mundo, (...) señala la existencia de informaciones procedentes de 'fuentes cercanas a los investigados', coincidiendo significativamente con una de las conversaciones mantenidas por el imputado Celestino Rivera y el periodista".
"Actuaciones delictivas"
En dichos artículos, según los autos, se está relatando una "investigación policial y judicial secreta por actuaciones delictivas graves, en las que podrían estar implicadas varias personas (algunas de ellas miembros de las Fuerzas de Seguridad), con utilización de medios de investigación que exigen la máxima discreción (a riesgo de perder su efectividad) y que requieren el indispensable sigilo".
El juez agrega que "son esos artículos, publicados por un medio de comunicación, firmados por un periodista que mantenía una estrecha, sostenida y cautelosa vinculación con los imputados Rivera y Parrilla, los que han perjudicado gravemente la causa pública", es decir, la investigación abierta por el supuesto tráfico de explosivos, el tráfico de drogas y las detenciones ilegales de dos personas que se han tratado de vincular falsamente con los atentados del 11-M. Tales artículos, según las resoluciones dictadas ayer, "obedecían a una relación previa entre el citado periodista y quienes se ha acreditado tuvieron una reunión con él el día 27 de noviembre de 2006, además de reiterados contactos telefónicos con explícitas referencias a lo que iba a constituir el artículo del 30 de noviembre de 2006 y el posterior del 1 de diciembre de 2006".
Del Olmo destaca que inferir de todo ello que Rivera y Parrilla tuvieron participación en la revelación de todos o algunos de los datos que recogidos en los citados artículos, [y] afectaron gravemente la causa pública a la que como funcionarios, y especialmente como agentes de la Autoridad, estaban especialmente obligados, es una deducción lógica en este momento procesal".
A juicio del magistrado, la vía o medio utilizado por los dos policías para obtener información, documentos o datos de cualquier tipo relativos a la causa penal que se estaba investigando, así como la motivación de sus actuaciones o los fines que perseguían, "no debilita la conclusión incriminatoria".
Para Del Olmo, tanto Rivero como Parrilla conocían "el grave daño o perjuicio que a la causa penal, declarada secreta explícitamente por el órgano judicial (y que por los medios de investigación utilizados, intervenciones telefónicas, era evidente para un funcionario policial que así estaría declarada), que la revelación y transmisión de información a un periodista iba a implicar para la causa pública. Y lejos de evitar ese comportamiento, se alegran de los gravísimos perjuicios que iba a ocasionar, en una actitud absolutamente reprobable para un funcionario público, y en mayor medida para un policía".
El juez fija también una fianza de 250.000 euros para el abogado Gerardo Hermoso, implicado en la trama de corrupción policial de tráfico de drogas y explosivos desarticulada hace dos semanas, y mantiene la prisión provisional para el policía José Luis González Clares.
En el auto judicial, Del Olmo sostiene que el abogado es supuestamente el elemento que relacionó a las cuatro personas que intervinieron en el "montaje" de la atribución a la ciudadana rusa Svetlana Murinova de una participación en una supuesta operación de tráfico de drogas.
