El juez imputa a tres ediles del PP de Orihuela los delitos de cohecho, fraude y tráfico de influencias
San Martín amplía los cargos al empresario Ángel Fenoll y le impone una fianza de 300.000 euros
El juez Carlos San Martín, titular del juzgado número 3 de Orihuela e instructor del caso Brugal, en el que ya ha imputado al presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, por los delitos de cohecho, fraude, tráfico de influencias, revelación de secretos y negociación prohibida a funcionario, ha imputado también los mismos cargos, salvo el de revelación de secretos, a los concejales del PP en el municipio oriolano Manuel Abadía, Ginés Sánchez y Antonio Rodríguez. Estos ediles, que han entrado a declarar a las 9.30, han quedado en libertad provisional sin fianza. El fiscal del caso, Felipe Briones, solicitaba una fianza de 50.000 euros para cada uno. Medida que ha denegado San Martín, que ayer la rechazó para la mayoría de las personas a las que tomó declaración. Sólo impuso fianza, de 100.000 euros, al empresario Rafael Gregory.
Además de a los políticos, el juez ha tomado declaración al empresario afín al PP Ángel Fenoll y a su hijo Antonio Ángel Fenoll. El empresario de la basura ha quedado libre tras imponerle San Martín una fianza de 300.000 euros (el fiscal pedía 800.000). Y su hijo ha salido a la calle con una cuantía de 100.000 euros. Ambos fueron detenidos en la primera fase de la operación Brugal, en mayo de 2007. Y en aquel momento salieron libres de prisión tras pagar una fianza de 100.000 euros cada uno, tras ser imputados por los delitos de extorsión y cohecho. Ahora el juez les impone una nueva fianza y les amplía la imputación a los delitos de fraude y tráfico de influencias, al considerar que hay hechos delictivos diferentes a los que les llevaron a prisión hace tres años.
Tras desfilar ayer por el juzgado seis personas, entre ellas Ripoll, a lo largo de esta mañana se esperaba que pasaran a declarar otros cinco de los detenidos el miércoles en la operación Brugal. Tres de ellos son concejales del Partido Popular en el municipio de Orihuela: Manuel Abadía, edil de Servicios e Infraestructuras, Antonio Rodríguez, de Pedanías, y Ginés Sánchez, concejal de Fomento y Calidad Ambiental. Estos dos últimos han entrado a declarar en el juzgado de Orihuela en torno a las 9.30.
Por el juzgado de Instrucción número 3 de Orihuela ya pasaron ayer a declarar el presidente de la Diputación de Alicante, José Joaquín Ripoll, y otros cinco de los detenidos. Rafael Gregory, propietario de un concesionario de vehículos, que quedó en libertad provisional bajo fianza de 100.000 euros; Enrique Ortiz, empresario y promotor también salpicado por el caso Gürtel por la presunta financiación ilegal del PP; José Francisco León, empresario amigo de Ortiz; José Candel, ingeniero y máximo responsable de la sociedad mercantil Inusa, adjudicataria del servicio de limpieza y de recogida de basuras en Alicante; y Luis Bracho, gerente de Sufi, concesionaria de la basura en Orihuela. Todos ellos han sido acusados de los delitos de fraude, cohecho y tráfico de influencias.
La operación Brugal investiga supuestos casos de soborno, extorsión y tráfico de influencias en la adjudicación de contratos públicos en concursos de gestión de la recogida de basuras al sur de Alicante, en la comarca de la Vega Baja. De hecho, el nombre de la operación Brugal corresponde a un acróstico, en referencia a Basuras RUrales Gestión ALicante.
Según fuentes del caso, Ripoll estaría implicado en la adjudicación de la planta de basuras correspondiente a la zona XVII del Plan Integral de Residuos. No es un tema menor, puesto que el concurso se adjudicó finalmente por 19 millones de euros anuales durante dos décadas, es decir, 380 millones de euros (más de 63.000 millones de las antiguas pesetas).
Sin embargo, según las mismas fuentes, la trama mafiosa de Alicante parece estar también implicada en otros delitos más amplios aparte de las contratas de basuras. Así, la investigación apunta también al blanqueo de dinero en paraísos fiscales y a la financiación ilegal del Partido Popular.
La investigación comenzó en marzo de 2007 con la detención de Ángel Fenoll, un controvertido empresario vinculado al PP, y toda su cúpula empresarial. Seis personas en total. Fenoll contaba ya con varias condenas. Una por comprar votos para el PP y otra por falsificar facturas con las que el ex alcalde popular de Orihuela, también ex consejero, Luis Fernando Cartagena, intentó ocultar la apropiación de 49.000 euros que donaron unas monjas al consistorio oriolano. Caído en desgracia, Fenoll hizo públicas unas grabaciones en las que se hablaba de sobornos a ediles populares antes de la adjudicación de los contratos. Unas grabaciones que desataron la investigación.
Por otra parte, el secretario general del PSPV-PSOE, Jorge Alarte, ha anunciado en Castellón que cuando se reanude el periodo de sesiones en las Cortes Valencianas, solicitará la creación de una comisión de investigación para conocer la gestión de las plantas de residuos del Gobierno valenciano, informa María Fabra. El líder de los socialistas valencianos ha añadido que también solicitarán la comparecencia de los dos últimos consejeros responsables de Medio Ambiente, Esteban González Pons y Rafael Blasco. "Creo que las basuras acabarán asfixiando a Francisco Camps", ha añadido Alarte.
