La juez insiste a Telefónica en busca de datos sobre el espionaje a Cobo
La policía espera desde mayo que se haga una prueba pericial a un sospechoso
La lenta instrucción judicial del presunto espionaje realizado por agentes del Gobierno de Esperanza Aguirre en Madrid a Manuel Cobo, vicealcalde de la capital, y Alfredo Prada, ex vicepresidente y ex consejero de Justicia, sus rivales políticos -destapado por este diario en enero de 2009 y denunciado entonces por sus víctimas- está en vías de cobrar un impulso. La juez del caso, Carmen Valcarce, ha reiterado a Telefónica su orden de que le entregue, salvo que las haya destruido, las ubicaciones de las llamadas de móvil de los ocho agentes sospechosos en abril de 2008, el mes en el que Manuel Cobo fue supuestamente seguido.
Telefónica ya facilitó los posicionamientos de mayo de 2008 que probaban el continuo seguimiento de tres ex guardias civiles, asesores del consejero de Interior de Madrid, Francisco Granados, al entonces consejero Alfredo Prada. De la misma manera, la nueva remesa de posicionamientos que pide la juez podría acreditar si fue sometido a marcaje, el mes precedente, el vicealcalde madrileño, Manuel Cobo, tal y como reflejaban los partes del espionaje difundidos por este diario y que denunció el propio afectado.
Las posiciones de los móviles de abril de 2008 probarían los seguimientos
La compañía deberá explicar si destruyó o conserva la información exigida
En julio de 2009 Telefónica ya entregó a la juez las ubicaciones de los móviles de mayo de 2008, pero le negó las del mes previo bajo el argumento de que legalmente sólo debía conservarlos un año. Pero tanto la fiscal como el letrado de Cobo argumentaron que eso no significaba que Telefónica los hubiera destruido y, por ello, solicitaron a la juez que reiterase su petición, orden que finalmente ha renovado. Fuentes de Telefónica indican que la ley fija la conservación durante un año de tales datos y, para evitar acumulaciones, suelen destruirse con posterioridad.
La anterior remesa de posicionamientos telefónicos sirvió para que los tres ex guardias civiles que aparecían noche y día como sombra de Prada confesaran a la juez -tras desmentirlo durante meses- que lo siguieron durante semanas por orden del entonces director general de Seguridad, Sergio Gamón (aunque dijeron que lo hacían para protegerlo, no para espiarlo). Gamón desacreditó esa versión al testificar. Los cuatro están imputados por un delito de malversación y permanecen como asesores del Gobierno de Aguirre.
Al margen de esta prueba, la juez aún no ha aceptado pedir otra de igual o mayor calado que le solicitó la policía en mayo de 2009: una pericial caligráfica al funcionario de la Consejería de Interior José Manuel Pinto, identificado por dos peritos calígrafos, en un informe encargado por este diario, como el autor de las notas manuscritas que aparecían en los partes del seguimiento en 2008 a Prada y Cobo.
Dicha prueba es juzgada como determinante por los investigadores policiales y las víctimas del espionaje. De ser confirmada su autoría, Pinto vincularía los partes del espionaje con el seguimiento ya confesado por tres asesores de Granados. Este veterano agente podría explicar quién recibió telefónicamente los datos de los vehículos -matrículas y propietarios- que fueron anotados a mano en los partes porque despertaron el interés de sus compañeros de consejería que, a pie de calle, vigilaban cuantos contactos públicos o privados mantenían Prada o Cobo en su actividad diaria. También podría explicar quién confeccionó a máquina u ordenador tales partes de espionaje.
Su interrogatorio es, a juicio de las víctimas, pieza clave de una investigación judicial que ya ha logrado dos pruebas fundamentales. En primer lugar, los posicionamientos de los móviles de tres asesores de Granados en mayo de 2008 han evidenciado su total coincidencia horaria y geográfica con los partes del seguimiento a Prada; y, en segundo lugar, los tres agentes imputados han reconocido que durante semanas, en contra de su declaración inicial ante la policía, estuvieron siguiendo minuto a minuto al entonces consejero de Justicia. Pinto sería decisivo para confirmar si los tres ex guardias civiles espiaron a Prada por cuenta propia o cumplían órdenes de Sergio Gamón.
Los ex guardias civiles ya declararon ante la juez que compartieron tal dispositivo de vigilancia con tres ex policías, también empleados en la consejería como asesores, que aún no han sido interrogados. La juez ya ha tomado pruebas de escritura a los tres ex guardias civiles y a Gamón, a los que nadie vinculaba con las notas manuscritas.
La policía ha sugerido ya en un informe que con las pruebas recabadas a los tres ex guardias y a Gamón no puede llegar a ninguna conclusión, ya que precisa más pruebas de su escritura.
El interrogatorio a Pinto y su peritaje tienen un valor especial para una de las víctimas colaterales del espionaje: la diputada autonómica popular Carmen Rodríguez Flores. Su nombre y la matrícula del coche de dicha parlamentaria apareció manuscrito en un parte que narra el marcaje hecho a Prada el 26 de mayo de 2008, tras producirse una entrevista entre ambos.
La diputada, después de difundirse ese dato, vendió su coche por sentir su seguridad en peligro y pidió explicaciones a Aguirre. La juez le impidió personarse como acusación en agosto pasado. Fue preciso un recurso de Rodríguez Flores apoyado por la fiscalía para que, finalmente, la juez consintiera su personación. El Partido Popular está personado en esta causa desde que lo solicitó.
