Una juez investiga si excargos del PP canario amañaron un macrocontrato

La Fiscalía Anticorrupción y el Juzgado número 8 de Las Palmas -de oficio- investigan la adjudicación en octubre de 2010 de un concurso para realizar hemodiálisis para los hospitales doctor Negrín y doctor José Molina Orosa de más de 31 millones -ampliables a 124,7- por la sanidad canaria. La investigación judicial -basada en indicios de malversación, prevaricación, información privilegiada y tráfico de influencias- intenta aclarar el papel en dicha concesión por Lourdes Quesada, secretaria general técnica de la consejería de Salud cuando ocurrieron los hechos y esposa del fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García Panasco.

La denuncia, presentada ante Anticorrupción de Las Palmas por asociaciones vecinales y colectivos sindicales, acusa a Quesada de forzar la adjudicación a una empresa sin experiencia. Según los acusadores, Quesada "modificó el borrador preparado por los técnicos suprimiendo la cláusula por la que se exigía experiencia a los licitadores y modificando a la baja la cláusula que exigía solvencia financiera, requiriendo solo una póliza de tres millones de euros para un contrato global de casi 125 millones". La investigación posee ya pruebas de la supuesta manipulación del proceso.

Anticorrupción entró para evitar sospechas sobre la neutralidad fiscal

Quesada, según la denuncia, presidió la mesa que adjudicó el concurso a Lifeblood el 14 de octubre de 2010. Seis días después, el PP, partido de la consejera de Salud, Mercedes Roldós, rompió el pacto con CC, que anularía el contrato. La denuncia ve sospechoso que tuviera una "mínima incidencia en las bases aprobadas por la Mesa de Contratación de la propuesta económica, 10 puntos sobre 100, porcentaje inusual"; y que se valorara especialmente en Lifeblood la oferta de la creación de un tercer centro de hemodiálisis, algo que "no aparecía en las bases del concurso". Sospechan que tuvo información privilegiada Lifeblood. Ninguna otra empresa ofreció esa guinda. Y se dio "la máxima puntuación posible a los criterios subjetivos frente a los objetivos: 49 versus 51".

¿Cuál era la solvencia y experiencia de una empresa merecedora de ganar un concurso para 15 años por casi 125 millones? Basta con leer sus últimas cuentas: "La sociedad en este ejercicio no ha realizado actividad por lo que no hay resultado a distribuir"; "la sociedad no posee inmovilizado material"; "la sociedad no posee bienes de inmovilizado inmaterial"; "la sociedad no tiene ningún tipo de inversión". Todo su capital asciende a 3.000 euros. Ni un empleado. No tiene teléfono de oficina, sino el móvil y el correo electrónico de su administrador, Francisco Jorcano.

Por tanto, la empresa adjudicataria del macroconcurso tenía nula experiencia en sanidad o en cualquier área, dado que no había tenido ninguna actividad en los años previos. ¿Y su gestor? Tampoco. Jorcano es un hombre vinculado al sector inmobiliario (Iniciativas y Promociones Canarias, Iniciativas de Viviendas Canarias, Frontón Las Palmas) y transporte (Olsen Shipping Agent). Hay informes oficiales de dicha consejería que dan verosimilitud a la denuncia. Uno de ellos está dirigido a la exconsejera de Sanidad canaria el 16 de noviembre de 2010.

Lo rubrican la responsable del servicio encargado de la redacción de las bases del concurso y un jefe de dicha unidad. El escrito revela que en el primer borrador figuraban las exigencias de solvencia económica y financiera y que "desaparecieron" en el borrador que aportó la secretaria general técnica. "Nuestro servicio mostró en todo momento su discrepancia por la modificación de determinados aspectos técnicos y, sobre todo, por la retirada de los criterios de experiencia mínima, en cuanto a la solvencia técnica, y por los criterios de adjudicación establecidos, que encontrábamos demasiado subjetivos. Estas discrepancias han quedado registradas en los numerosos correos electrónicos intercambiados entre los funcionarios actuantes, así como con la secretaria general, cuyas copias impresas se adjuntan. Pese a esas discrepancias los pliegos fueron aprobados sin esas exigencias".García Panasco es miembro de la Asociación de Fiscales, del Consejo Fiscal y desde 2008 fiscal jefe de Las Palmas. Anticorrupción entró en este asunto para evitar toda sospecha de que pudiera favorecer a su esposa.