El juez investiga el supuesto uso de fondos públicos en el caso del espionaje

El Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid ha incoado diligencias previas por "un presunto delito de malversación de fondos públicos". Es la respuesta judicial a la denuncia presentada por el vicealcalde de Madrid, Manuel Cobo (PP), número dos de Alberto Ruiz-Gallardón, el pasado 20 de febrero. Cobo denunció tras destapar EL PAÍS el espionaje supuestamente cometido por funcionarios de la Consejería de Interior de la Comunidad de Madrid en abril y mayo de 2008 contra el vicealcalde y contra Alfredo Prada, entonces consejero de Justicia y vicepresidente segundo del Gobierno de Esperanza Aguirre. El juez investigará también el seguimiento a Prada, quien presentó denuncia ante la fiscalía.

Con su decisión de abrir diligencias por un supuesto delito de malversación de caudales públicos, el juez no sólo da paso a una investigación en toda regla sobre el espionaje a ambos políticos, sino que pone el foco de la sospecha en la posible procedencia pública de los fondos que sustentaron dicha actividad y su supuesta vinculación con la Comunidad de Madrid.

Los seguimientos a Cobo y Prada se desarrollaron en los meses previos al congreso del PP en Valencia de junio de 2008. En dicho congreso, la presidenta madrileña amagó con disputar a Mariano Rajoy el timón del PP. Ambos espiados, Cobo y Prada, son afines a Rajoy y contrarios a Aguirre. Prada fue apartado del Gobierno de Madrid y ahora es responsable del PP en el exterior.

Hay un segundo frente de la justicia en el caso del espionaje: el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, Manuel Moix. A lo largo de cinco meses ha impulsado una discreta investigación policial -tan sigilosa que ha sido malinterpretada como pasividad-, tras recibir las denuncias de Prada y de Cobo (quien luego acudió a los juzgados).

Moix, con una unidad de élite policial a sus órdenes, ha acumulado medio millar de folios de pesquisas. Lejos de pedir el archivo de la causa por no hallar verosímil o delictivo lo denunciado, lo ha indagado a fondo y ahora ha incorporado sus actuaciones al Juzgado número 5 de Madrid, dada la conexión de ambas causas. En estos meses de investigación policial han sido interrogados diversos funcionarios de la Consejería de Interior señalados como los presuntos autores materiales del espionaje. Todos lo han negado.

Como no es el espionaje en sí el delito de la causa actual, sino su financiación, el papel de los posibles ejecutores de los seguimientos no acarrearía, salvo sorpresa, problema legal. Ahora bien, si a lo largo del proceso que ahora se abre por supuesta malversación de fondos públicos se demostrase que esos ejecutores han mentido, su situación penal se agravaría. Y podrían incurrir en delito por su supuesta labor obstructiva. El abanico de minas es amplio: que el juez compruebe que sí recabaron unas matrículas que no tenían por qué identificar y que investigaron un día sí y otro también para saber quiénes eran interlocutores de Prada; que, en contra de su versión inicial, sí estuviesen en los escenarios donde fueron espiados Prada o Cobo; que documentación interna de la consejería acredite unos desplazamientos o gastos de tales funcionarios sólo explicables en función de tales actividades ilegales; o el relato como testigo protegido de otros funcionarios.

Y, por último, que se realice, como se prevé, un cotejo pericial de la grafía de los 35 partes de seguimiento con la letra de la media docena de funcionarios de la Consejería de Interior sospechosos de haber participado en el espionaje a cargos públicos. No en vano, la policía ya tiene en su poder los partes originales, imprescindibles para hacer una pericial caligráfica.