La juez manda a prisión a un cabo por vender vídeos de Afganistán
El militar confiesa y exonera a su hermano, un sargento también detenido
La juez togado militar número 12 de Madrid acordó ayer el ingreso en prisión provisional de un cabo primero del Ejército del Aire, acusado de un delito de revelación de secretos castigado hasta con 10 años de cárcel, mientras que dejó en libertad a su hermano menor, un sargento primero del Ejército de Tierra.
Ambos fueron detenidos el pasado lunes por agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) acusados de filtrar un vídeo, grabado por las cámaras de seguridad de la base de Qala-i-Naw (Afganistán), que recoge los instantes posteriores al atentado del pasado 25 de agosto, en el que perdieron la vida un capitán y un alférez de la Guardia Civil y su intérprete.
Las imágenes fueron ofrecidas a varios medios por una importante suma
En su declaración judicial, como ya hizo ante la Guardia Civil, el cabo asumió toda la responsabilidad de la filtración tanto de estas imágenes como de otras sobre el conflicto de Afganistán; incluidas las que reflejan los disturbios que se produjeron ante la base de Qala-i-Naw tras el atentado. "Se ha autoinculpado de todo y ha exonerado a su hermano", indicaron fuentes conocedoras de la declaración.
Según la investigación de la Guardia Civil, el cabo ofreció el material a varios medios de comunicación a cambio de "una importante suma de dinero"; que algunas fuentes cifran en varios miles de euros. El vídeo fue difundido por Antena 3 en septiembre pasado.
Los dos militares fueron detenidos el pasado día 4 en sus respectivos destinos: en la base aérea de Zaragoza el cabo primero; y en el acuartelamiento de la Brigada Paracaidista en Javalí Nuevo (Murcia) el sargento primero. También se registraron sus domicilios, en los que se incautaron diversos archivos informáticos que podrían contener imágenes inéditas de Afganistán.
El cabo ingresó anoche en la prisión militar de Alcalá de Henares (Madrid), mientras que el sargento quedó libre, aunque eso no significa que se hayan retirado las acusaciones contra él, según las fuentes consultadas.
El cabo está destinado en la Escuadrilla de Apoyo al Despliegue Aéreo (EADA) del Ejército del Aire; y el sargento en la unidad de inteligencia de la Brigada Paracaidista. Este último, según la investigación, estuvo en Afganistán en fechas próximas al atentado de Qala-i-Naw y tuvo acceso al material que facilitó a su hermano mayor, quien se encargó de comercializarlo.
Ambos fueron acusados de un delito de revelación de secretos. El artículo 53 del Código Penal Militar castiga con una pena de tres a diez años de prisión a quien, sin el propósito de favorecer a una potencia extranjera, "se procurare o revelare" información clasificada relativa a la seguridad o defensa nacional. La pena será solo de uno a seis años si la información no está legalmente clasificada, pero se aplicará en su mitad superior, entre tres años y medio y seis, si "la revelación consistiera en dar publicidad al secreto o información en algún medio de comunicación social". No se ha aclarado si los vídeos están clasificados conforme a la legalidad vigente.
En el vídeo, difundido en septiembre, puede verse cómo el conductor de un jefe de policía afgano intenta huir tras haber disparado contra los agentes españoles. Inmediatamente después, varios militares armados salen en su persecución. Tras abatirlo en la calle, el cuerpo sin vida del conductor es arrastrado al interior de la base. Luego, pasa el vehículo que traslada a un hospital a los dos guardias y al traductor mortalmente heridos.
En noviembre pasado, la juez militar ordenó a la Guardia Civil que averiguase la identidad de las personas que pudieran haber facilitado o comercializado las imágenes, según una nota de la Guardia Civil. Las sospechas se centraron en los dos militares detenidos, que tuvieron acceso a la totalidad de las imágenes difundidas y mantuvieron contactos con los medios de comunicación que las hicieron públicas.
La Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) pidió que se aclare en qué medida las imágenes difundidas "afectan a la seguridad nacional" y recordó que el código vigente data de 1985 y debe ser actualizado.
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