El juez ordena prisión para 15 de los 20 detenidos en la Operación Troika

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ordenó anoche prisión "incondicional, comunicada y sin fianza" para 13 de los 20 detenidos en la Operación Troika -entre ellos el capo de la trama, Gennadi Petrov- con la que el pasado viernes se desarticuló en territorio español a la mafia rusa conocida como Tambóvskaya-Mályshevskaya. Para otros dos imputados, el juez decretó prisión eludible bajo fianza de 6.000 y 100.000 euros. Dependiendo de su implicación en la red mafiosa, se les imputan los delitos de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsificación documental y delitos contra la Hacienda Pública.

El auto de Garzón destaca que todos los miembros de la banda estaban subordinados a Petrov, a quien el resto se refiere como "el caudillo" o "el boss", y que del análisis de su patrimonio se destaca que sus sociedades en España acumularon un valor patrimonial, bien en efectivo o en bienes muebles o inmuebles, que superan los 30 millones de euros.

El juez indica en el auto de procesamiento que los imputados, en unión de otros, en paradero desconocido, forman lo que, en el ámbito delincuencial de origen ruso se conoce como una "comunidad criminal" y que se corresponde con una estructura integrada por diferentes grupos o facciones. Cada uno de los máximos responsables de esa comunidad criminal mantenían relación entre sí, aunque cada uno se reservaba su propia esfera de poder y sus particulares subordinados.

A partir de 1996, esos líderes, hoy imputados, "decidieron trasladarse y establecerse en España, para, amparados en la tranquilidad de un tercer país (España) donde sus actividades no eran, en ese momento, conocidas, instalar y desplazar sus bases seguras y desde ellas proyectar, con convicción de impunidad, operaciones presuntamente delictivas que revertieron en pingües beneficios tanto mobiliarios como inmobiliarios en nuestro país".

El rendimiento económico generado, según el auto, por las referidas actividades criminales es canalizado en España mediante asesores jurídico-financieros que trabajan casi en exclusiva, "acabando por integrarse en la poliédrica estructura" mafiosa y que se encargaban de blanquear el dinero.

La mayoría de los responsables de este entramado criminal son originarios de San Petersburgo y de Moscú, con antecedentes penales y policiales tanto en Rusia como en otros países de la UE, Suiza y EE UU. A su llegada a España se establecieron principalmente entre la Costa del Sol (Málaga), Comunidad Valenciana, y Baleares, y, desde sus domicilios han venido controlando las actividades y negocios criminales de los respectivos grupos delincuenciales que dirigen en su país de origen y que son ejecutadas por mandos intermedios y subordinados. Los principales responsables de cada uno de los grupos delictivos, señala Garzón, se conocían desde su juventud.

Las actividades que esta "comunidad" ha realizado son, entre otras: asesinatos, tráfico de armas, extorsión (coacciones), estafa, falsedades documentales, tráfico de influencias, cohecho, negociaciones prohibidas, contrabando, tráfico de drogas, palizas por encargo (lesiones) y amenazas condicionales.

Según el auto del juez, los mafiosos empleaban sus contactos para "pedir u otorgar favores en el ámbito político, económico, financiero y judicial, con el objetivo de seguir incrementando su riqueza, borrar su pasado delictivo, vivir sin problemas en España o proporcionar auxilio fraternal a sus iguales a su llegada a nuestro país". Garzón señala también en su auto que entre los imputados destaca Vitali Izguilov, que estuvo encarcelado en 1995 por la llamada Operación Avispa, también contra la mafia rusa en España. Un hecho que, indica el juez, le supuso a ese delincuente "un ascenso de grado en la comunidad criminal".

Cuatro de los 20 detenidos el pasado viernes quedaron en libertad durante el fin de semana, aunque siguen imputados, mientras que una quinta persona ingresó en prisión el domingo pasado.