Un juez procesa por genocidio a 40 altos cargos militares del Gobierno de Ruanda

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu procesó ayer por delitos de genocidio, terrorismo y crímenes de lesa humanidad a 40 militares que ocupan diferentes cargos con el actual Gobierno de Ruanda, de la etnia tutsi. El magistrado español les imputa haber efectuado entre 1994 y 2000 un exterminio sistemático de la etnia hutu, mayoritaria en Ruanda, con la finalidad de hacerse con el poder, y de haber instaurado un régimen de terror, con torturas y crímenes sobre la población civil.

Entre los cuatro millones de fallecidos en ese periodo en Ruanda destacan los asesinatos, torturas y desapariciones de nueve españoles, que realizaban labores humanitarias en campamentos de refugiados y se atrevieron a denunciar la barbarie de los miembros del Ejército Patriótico Ruandés (APR, en sus siglas en francés).

El padre Joaquín Valmajó había denunciado a los tutsis, los miembros del APR le secuestraron y todavía no ha aparecido. El padre Servando García y sus tres compañeros maristas estaban en un campo de 30.000 refugiados bajo el patrocinio de ACNUR, que decidió suspender la ayuda alimenticia para que los refugiados regresaran a Ruanda. Los religiosos permanecieron con los refugiados pero los del APR los torturaron, les propinaron machetazos y finalmente les dispararon y tiraron sus cuerpos a un pozo donde les balearon.

Tres cooperantes de Médicos del Mundo fueron ametrallados porque, según los testigos, disponían de información de las masacres que los militares tutsis realizaban.

El juez Andreu no ha procesado al actual presidente de la República de Ruanda, Paul Kagame, a pesar de que existen indicios racionales de que participó en matanzas y crímenes indiscriminados, porque goza de inmunidad soberana, al ser jefe de Estado. Existen testigos -uno de ellos un miembro de la seguridad personal de Kagame que ahora tiene la condición de testigo protegido- que han relatado cómo Kagame, en mayo de 1994, cuando aún era el líder rebelde, masacró con una ametralladora antiaérea a un grupo integrado por unos 35 o 40 civiles, en su mayoría mujeres, niños y ancianos. Kagame, según el miembro de su séquito, ordenó por teléfono ejecutar a tres obispos y otros sacerdotes diciendo: "Ya te he dicho que eliminaras a esas basuras".

Las matanzas de Ruanda entre 1994 y 2000 dieron como resultado más de cuatro millones de personas asesinadas, en planes sistemáticos de exterminio.

La decisión del juez Andreu supone que para los 40 procesados, Ruanda se ha convertido en un Estado-prisión, puesto que como ocurrió con el caso de Pinochet, el juez español ha ordenado la detención de todos ellos allá donde se les encuentre, para que sean extraditados y juzgados en España. Por ello, el único lugar en el que la justicia no les alcanza es en su propio país, si bien alguno de ellos, al parecer, ostenta cargos en organismos internacionales.