La Audiencia exige precisiones técnicas al informe del incendio de Guadalajara

La Audiencia de Guadalajara estima que los peritos no deben entran en conclusiones jurídicas sino en valoraciones técnicas de lo ocurrido en el incendio de Guadalajara en el que murieron 11 integrantes de un retén. Por ello ha revocado parcialmente una resolución de la juez encargada del caso y ha decidido que se incluyan los testimonios de los intervinientes en la extinción y las grabaciones existentes.

La decisión de la Audiencia Provincial de Guadalajara se produce tras el recurso presentado por los letrados de las familias de ocho de las víctimas de este incendio, que además arrasó unas trece mil hectáreas de pinares del antiguo Ducado de Medinacelli.

Las familias habían solicitado al juzgado que tuviera en cuenta más documentación que la que se ha previsto en el informe pericial realizado por dos técnicos forestales del Colegio de Ingeniero de Montes de Madrid a petición de la jueza de instrucción, han dicho los abogados de las acusaciones particulares.

Información "fundamental"

Fuentes de la acusación, que ejerce Miguel Solano, han informado de que la jueza de Sigüenza no admitió algunos de los datos que las familias querían incorporar al sumario. Así, para la elaboración del informe pericial, los técnicos dejaron fuera información que las familias consideran "fundamental" para demostrar que hubo "falta de previsión y negligencia en la muerte de los 11 miembros del retén de Cogollado".

Según las acusaciones, algunos de los testigos desestimados por la jueza Concepción Azuara López, titular saliente del juzgado de Sigüenza, son relevantes para el proceso. Entre los testimonios que las familias piden incorporar, destacan las declaraciones del jefe de Protección Civil, las de los ingenieros de Montes que "mejor conocen la zona", además de las de participantes en las labores de extinción, así como las de vecinos de la zona. En el informe revocado tampoco se contemplan las miles de llamadas recibidas y registradas por el servicio 112 de Castilla-La Mancha los dos días del incendio, "que reflejan la descoordinación y falta de medios con que se gestionó el operativo". Por todo ello, la Audiencia Provincial ha entendido ahora que el informe no es concluyente.

El juzgado de Sigüenza sí admitió, en cambio, que fueran tenidos en cuenta los informes sobre trabajos forestales en la zona, sobre las normas reguladoras de los servicios y planes de prevención, retenes y formación de personal de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Sin embargo, el informe tampoco incluye estos datos porque "la jueza nunca llegó a comunicarlo al equipo de peritos", ha relatado la acusación particular.

Las acusaciones han avanzado que las familias presentarán mañana miércoles ante la Audiencia Provincial un informe pericial, elaborado por el catedrático en Ingeniería de Montes José Miguel Montoya Oliver. En las conclusiones de ese estudio, el experto incide en que la muerte de los 11 miembros del retén se debió a "una acumulación de negligencias e irregularidades y nunca a un accidente". Montoya Oliver denuncia que el fuego llegó hasta Santa María del Espino por lo "desastroso" del proceso de extinción. El catedrático asegura no haber conocido un proceso de investigación tan "desastroso" como éste y reta a la Administración a que le informe del procedimiento mediante el que ha llegado a concluir que no hubo negligencia.